Un tribunal condenó a 30 años de prisión a un cuarto acusado por la muerte de un hombre durante un asalto ocurrido en el municipio Villa Altagracia, provincia San Cristóbal, luego de que el Ministerio Público presentara pruebas contundentes en su contra.
La sentencia fue dictada contra Johan Carlos Reyes Ortega, alias “el Pato”, hallado culpable del asesinato de Eugenio Disla, quien falleció a causa de heridas de bala mientras desempeñaba labores de seguridad en una empresa de telecomunicaciones.
En relación con este mismo caso, Samuel Sánchez Tejada (Dalbeury) había sido condenado a 40 años de prisión, mientras que Geremías Mora Reyes (Cacón) y Rafael Reynoso Gil (Bincito) recibieron penas de 30 años.
Según el expediente acusatorio, el hecho ocurrió el 11 de abril de 2018, alrededor de las 6:30 de la tarde, cuando la víctima y otro hombre realizaban labores de vigilancia en antenas de telecomunicaciones ubicadas en la Loma del barrio Nueva Esperanza, en el paraje Guananito, distrito municipal San José del Puerto.
De acuerdo con la investigación, los acusados llegaron al lugar, sometieron a Disla con el objetivo de despojarlo de su escopeta y, al este resistirse, se produjo un forcejeo. En medio del incidente, la víctima logró identificar a uno de los agresores, lo que desencadenó que le dispararan en dos ocasiones, causándole la muerte.
Durante el asalto, los atacantes también dispararon contra Ángel de la Cruz, quien logró escapar ileso tras huir del lugar.
El caso fue instrumentado por las fiscales Nancy Ovalle y Rosa Hernández, bajo cargos que incluyen asociación de malhechores, homicidio y robo agravado, además de violaciones a la Ley 631-16 sobre armas.
En el juicio, el fiscal litigante José Andrés Fernández presentó las pruebas que permitieron demostrar la culpabilidad del imputado.
La sentencia fue emitida por el Tribunal Colegiado de Villa Altagracia, integrado por las juezas Massiel Ivette Alonzo Rodríguez (presidenta), Ana Hernández y Kenty Nuesi, quienes acogieron la solicitud del Ministerio Público.
El tribunal dispuso que la condena sea cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo, en San Cristóbal.