x
El diputado del Partido Revolucionario Moderno, Amado Díaz, aseguró que con la Ley de Alquileres, aprobada este martes, se busca llenar un vacío del déficit habitacional para que las personas, al ver garantías, se animen a construir, para así lograr bajar los costos de las viviendas.
Aseguró que la misma es una Ley de garantía, la cual se sustenta en el procedimiento. Resaltó que existe la posibilidad de que en 60 días se resuelva un conflicto legal por falta de pago de un inquilino.
“Si usted no paga, usted no tiene nada que alegar”, dijo el diputado, asegurando que en la ley se están estableciendo dos audiencias con una mediación de diez días entre una y otra, “y una tercera audiencia que se le deja opcional al juez”.
En la normativa se acordó que quien busque el corredor debe pagar sus honorarios. "Si quien necesita un corredor es el inquilino, si quien necesita el corredor es el propietario, lo paga el propietario".
El legislador admitió que nunca se debió incluir en el proyecto la prisión para el propietario de las viviendas o locales comerciales, algo que provocó críticas.
Sin embargo, dijo que se estableció en función de un desalojo ilegal, algo que enfatizó, no debe realizarse nunca", alegando que el propietario no ejecuta. "Se debió quedar entre los ejecutantes y el abogado. Argumentó que ese punto se corrigió.
En el proyecto convertido en ley bajó de tres a dos los depósitos.
La Ley de Alquileres en la República Dominicana se refiere principalmente a la Ley 4314 y al Código Civil Dominicano, que regulan los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles.
Dicha ordenanza, aprobada en su versión final por el Congreso Nacional el martes 5 de agosto de 2025, establece los derechos y obligaciones tanto para arrendadores como para arrendatarios, incluyendo aspectos como el plazo del contrato, el pago de la renta, el mantenimiento del inmueble y el proceso de desalojo.
Además, se introdujeron proyectos de ley más recientes para modernizar y fortalecer la legislación en esta área, como el que busca agilizar los procesos de desalojo y proteger a los inquilinos de discriminación.