Decenas de comunitarios, marcharon este miércoles en las calles de Maimón y Cotuí, levantando la voz en rechazo a la construcción de una presa de cola por la minera Barrick Gold Pueblo Viejo en el distrito municipal de Zambrana.
La marcha empezó a las 6:00 de la mañana, como una expresión del sentir del pueblo en contra de la construcción y se dirigió hacia la puerta de entrada de la Minera. Paralizó el tránsito en el tramo carretero Maimón-Cotuí, lo que afectó las labores de los colaboradores de la Minera, ya que se vieron imposibilitados de llegar.
Cantos como “La Barrick es una minera asesina protegida por un gobierno entreguista, pero el pueblo resiste y no baja la vista”, se escucharon durante el recorrido de la multitud que conformó una barrera de impedimento a la circulación de vehículos.
“Solicitamos la intervención del presidente Luis Abinader”, también se podía leer en algunos de los carteles.
También se unió a esta protesta de los comunitarios de Cotuí, el excandidato presidencial Roque Espaillat (El cobrador), manifestando que la minera extranjera busca apropiarse del oro que le pertenece al pueblo.
“El oro es del pueblo dominicano, esta es una empresa extranjera que quiere desplazar campesinos que han vivido durante décadas y creen que pagando un puñado de monedas le pagan décadas de vida”, indicó El Cobrador.
Fernando Peña del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y representante de la comunidad en la comisión mediadora del diálogo, expresó que lo que busca la Barrick es “quedarse con las manos libres” sin compromiso.
“Lo que Barrick ha estado haciendo es intentando invalidar la representación de la comunidad”, dijo, manifestando que estos intentan sacar de la conversación al líder y representante de los comunitarios.
Una comisión mediadora integrada por los comunitarios, la iglesia, el Defensor del Pueblo y la Barrick han sostenido al menos tres encuentros buscando que las partes involucradas concerten un acuerdo.
El último encuentro tuvo lugar el lunes, pactando que la Minera debe entregar un informe donde revisen las normas de reasentamiento involuntario, que permita aplicar una reubicación favorable para las comunidades, conforme a los estándares internacionales.
Este informe debe ser presentado ante el Defensor del Pueblo en un plazo de 10 días, el cual se cumple este 30 de enero de este año.
La próxima reunión de la comisión ha sido fijada para el 4 de febrero de este año, en la Universidad Católica del Cibao (Ucateci), donde se continuará desarrollando la agenda de trabajo para avanzar en las soluciones.