La comunidad del Catey, en el municipio de Sánchez, en la provincia Samaná, expresó su rechazo a la instalación de una planta recicladora de materiales sólidos que las autoridades han comenzado a gestionar en la zona.
A través de El Rumbo de la Mañana, el dirigente comunitario Celso García que el proyecto ha sido presentado con distintas denominaciones, es identificado por ellos como un vertedero regional que afectaría su entorno ambiental y social.
El dirigente comunitario y vocero del grupo opositor a este proyecto, aseguró que la iniciativa ha sido rechazada previamente en otros puntos de Samaná.
Los residentes sostienen que el área seleccionada resulta incompatible con un proyecto de esta magnitud.
De acuerdo con García, en su participación en el programa de Rumba FM, la ubicación está rodeada por dos ríos, cerca de una población de aproximadamente 10,000 habitantes, y a menos de cuatro kilómetros de seis centros educativos.
La comunidad también denunció que el terreno está próximo a infraestructuras clave para el desarrollo turístico de la provincia.
“Además de las escuelas, a dos kilómetros está el aeropuerto internacional de Catey y a dos kilómetros y medio la playa La Majagua, donde se espera un proyecto turístico”, expuso García.
Los residentes aseguran que no fueron incluidos en el proceso de consulta pública. Según el dirigente comunitario consultado por El Rumbo de la Mañana, la audiencia que debía realizarse con la población fue manejada de forma silenciosa.
“La hicieron a nivel administrativo, callados, porque no invitaron a ninguno de los representantes de las comunidades afectadas”, sostuvo.
A esto se suma la aprobación del uso de suelo por parte del Ayuntamiento de Sánchez, autorizada mediante la resolución número 9 del 23 de mayo de 2025.
De acuerdo con García, cinco regidores y el alcalde firmaron la decisión sin consultar a la comunidad, mientras que dos concejales se negaron por considerar imprescindible ese acercamiento previo. “Ellos decían que antes de firmar había que reunirse con la comunidad, y como eso no se hizo, se negaron”, explicó.
Ante esta situación, los comunitarios emprendieron un proceso formal de notificación a distintas autoridades locales y nacionales.
Señalaron haber entregado documentos al Ministerio de Medio Ambiente, a organismos de derechos humanos, al Ministerio de Educación y a la Gobernación Provincial.
Respecto a las acciones futuras, la comunidad dice estar comprometida con la protesta pacífica, aunque advierte sentirse presionada por la falta de respuesta institucional.
Detallan que han realizado marchas, caminatas, oraciones y ruedas de prensa, actividades que han sido acompañadas por fuertes operativos militares. “Cada vez que hacemos una marcha vienen más de 60 militares. No nos han agredido porque no hemos dado motivo”, pero la represión está ahí”, denunció Celso García.
Finalmente, los residentes reiteraron su preocupación sobre la dimensión del proyecto al tratarse de una planta que, según afirman, recibiría miles de toneladas de basura provenientes de distintos municipios de la región Nordeste.
“Hablar de traer basura desde Río San Juan hasta La Galera a un solo sitio es un proyecto de enorme magnitud”, concluyó García.