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Un Presidente es un hombre todopoderoso. Con un gesto o una firma cambia vidas, “corrige” el futuro. Y muy vulnerable a la vez, por su dependencia de otros para tener una idea aproximada de la realidad. No importa que estén lejos de ser ciegos o sordomudos, los relatos y la construcción de escenarios corresponde a los allegados, asesores, compañeros, financiadores.
Balaguer, de poca movilidad y absoluta ceguera, pedía a determinados visitantes que le leyeran documentos llevados para su firma y Danilo Medina prefería involucrarse en los mínimos detalles (algo desaconsejado por expertos en temas legales familiarizados con asuntos de Estado). Cuentan que el presidente Abinader fiscaliza personalmente vía telefónica.
Los intereses externos y partidarios siempre tratan de infiltrar los entornos presidenciales. Veteranos políticos y jóvenes maliciosos dedican recursos y energías a “cuidar” de los presidentes para mantenerlos alineados a los “sanos” y “supremos” intereses partidarios”.
Si el mandatario se ha comprometido a actuar solo por el rumor público, pues entonces se crea la versión maliciosa contra la víctima seleccionada y se diseñan y contratan los mecanismos de amplificación.
Así, después de semanas o meses de gran profusión difamatoria, cualquier eficiente servidor se convierte en un “tipo cuestionado por todo el mundo”, “funcionario que no sale de un escándalo”. Se insistirá en preguntar qué espera el mandatario para sustituir a fulano. Y, claro, se les mezclará con reales bandidos.
Los presidentes cogen presión o llegan al hartazgo, saturados por las mismas cantaletas, comportamiento que han estudiado y ejecutan cronométricamente los manipuladores, sabedores de las debilidades de los líderes. Abinader, por ejemplo, cuida religiosamente su índice de popularidad.
Escribí lo anterior hace un año, a propósito de campañas contra servidores públicos desafectos de determinadas instancias partidarias y de ámbitos de aspirantes presidenciales.
En el “Caso Senasa” (entramado para fraude administrativo, corrupción, falsificación documental, lavado de activos, con perjuicio estimado a diciembre del 2024 en más de 15 mil millones de pesos) ocurrió todo lo contrario. Campañas de alegados éxitos y efectiva persuasión al presidente Abinader, a tal extremo que éste puso el pecho cuando llegaron las primeras denuncias de la oposición política.
El mandatario dijo, posteriormente sentirse traicionado y que puede “tener amigos, no cómplices”. En un encuentro navideño el sábado último con periodistas que cubren la fuente de la Presidencia, admitió que el tema le afectó en lo personal, al citarlo como una de las situaciones más difíciles de su gestión de gobierno.
La investigación apenas inicia y ya hay diez imputados con medidas de coerción, 7 con prisión preventiva, incluido el exdirector de Senasa y cabeza de un otrora poderoso grupo de apoyo externo a las campañas electorales de Abinader.
Procuraduría anunció un Senasa 2.0, que alcanzaría a prestadores de servicios, en medio de reclamos de sanciones ejemplares por un crimen de lesa humanidad.
El Ministerio Público debe procurar una investigación robusta y los jueces, a partir de la misma, dictar las más altas condenas por el robo en el seguro estatal, que abarca 70 por ciento del mercado, incluidos 5 millones de pobres sin otras opciones posibles.
Logradas condenas “ejemplares”, cómo evitar otros latrocinios similares, con el sistema de financiamiento electoral vigente y con instrumentos legales porosos, dados por los partidos a la Junta Central Electoral, precisamente para que no sea eficaz en la regulación.
La campaña ya arrancó y los aspirantes están recogiendo dinero de diferentes fuentes, que podrían estar concomitantemente diseñando sus mecanismos de recuperación de la inversión.
Parte de los que hoy están en el escandaloso caso armaron sus estructuras y esquemas mientras peledeístas iniciaban el desfile por los tribunales ataviados de cascos y chalecos antibalas…