Tras la promulgación de la Ley 98-25, que introduce cambios a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC) reiteró su rechazo a la normativa, al considerar que resulta desproporcionada e injusta para las mipymes, además de contravenir principios fundamentales establecidos en la Constitución.
Durante una asamblea general que reunió a representantes del sector comercial, el presidente de la FDC, Iván García, afirmó que el artículo 36 de la ley impone cargas económicas “excesivas” a los comerciantes, advirtiendo que, de no introducirse modificaciones, el gremio no descarta la convocatoria de un paro general.
“Vamos a proceder a un paro general del comercio a partir del mes de marzo por 48 horas a nivel nacional”, advirtió.
Según un estimado, la nueva legislatura establece que las microempresas pasarían de RD$5,000 a RD$20,000, las pequeñas de RD$90,000 a RD$260,000 y las medianas de RD$260,000 a RD$675,000.
En sus palabras, esto produciría “unas recaudaciones en este 2026 de alrededor de 22, 000 millones de pesos. De esos 22, 000 millones de pesos, el 88% lo vamos a pagar las micro, pequeñas y medianas empresas del país. Lo cual significa que vamos a aportar más de 15,000 millones de pesos”.
Aprobada el 15 de diciembre del 2025, la Ley 98-25 de Residuos Sólidos ha generado en el sector comerciante preocupación y disgusto ante la consideración de que las micro, pequeñas y medianas empresas estarán desprotegidas con su aplicación, afectando su competitividad y capacidad para sostener empleos.
García manifestó que ante esto, le otorgarán un plazo al Congreso Nacional hasta el 28 de febrero del presente año para que modifiquen los montos mencionados a las mipymes y los restablezcan a los utilizados en la Ley 225-20.
En caso de no ser escuchados, convocarán un cierre comercial general por 48 horas con la premisa de hacer valer sus derechos constitucionales.
“No se puede castigar al sector que más empleo genera en la República Dominicana para beneficiar a cuatro empresas de aquí de la República Dominicana. La ley es para que se cumpla para todos los ciudadanos de la República Dominicana de una manera equitativa, no de una manera desproporcional, como lo dice esta ley 98-25”, sentenció.
Asimismo, expusieron que con la nueva administración de Pedro Urrutia Sangiovanni en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) esperan el inicio de las fiscalizaciones a todas las tiendas de negociantes chinos en el país.
“Aquí la ley tiene que aplicársele a todo el mundo porque la ley es dura, pero es la ley. Estamos de acuerdo con la inversión extranjera, pero con la inversión extranjera que cumpla con las leyes de República Dominicana”, informó García a favor del comercio organizado.