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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó este jueves a doce exmilitares colombianos a penas restaurativas de entre cinco y ocho años por crímenes de guerra y de lesa humanidad, como máximos responsables de 135 asesinatos cometidos en el norte del país entre 2002 y 2005, en el marco del conflicto armado.
A este monto se le aplicó un descuento proporcional al tiempo que permanecieron privados de la libertad en la justicia ordinaria, señaló la magistrada de la JEP Ana Manuela Ochoa Arias al leer la sentencia.
Se trata de la primera sanción de este tribunal creado por el acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Estado y la antigua guerrilla de las FARC contra exmilitares que reconocieron su responsabilidad en los llamados ‘falsos positivos’. La sentencia no conlleva penas de cárcel, sino trabajos restaurativos en beneficio de las víctimas.
Los condenados, todos exintegrantes del Batallón La Popa, son los mayores Guillermo Gutiérrez Riveros y Heber Hernán Gómez; los subtenientes Carlos Andrés Lora, Eduart Álvarez Mejía y Elkin Burgos Suárez; los sargentos Efraín Andrade Perea, Manuel Padilla Espitia y José de Jesús Rueda; el cabo Elkin Rojas, y los soldados Yeris Andrés Gómez, Alex José Mercado y Juan Carlos Soto.
El tribunal les impuso la sanción máxima de ocho años, aunque aplicó descuentos a quienes «ya habían empezado a saldar su deuda con la justicia y con las víctimas, a través de procesos penales previos en los que cumplieron penas de prisión o estuvieron sujetos a medidas de aseguramiento», explicó Ochoa.
Los sancionados deberán trabajar en seis proyectos restaurativos, que incluyen la construcción y mantenimiento de memoriales y centros culturales, el apoyo en obras de infraestructura y adecuación de espacios productivos, y en colaboración directa con comunidades indígenas y afrodescendientes.
Todos los exmilitares reconocieron haber participado en 135 asesinatos y desapariciones forzadas que dejaron además 192 víctimas indirectas en los departamentos del Cesar y La Guajira, entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005, periodo que coincide en su mayor parte con el gobierno del expresidente Álvaro Uribe.
Los ‘falsos positivos’ fueron ejecuciones extrajudiciales de civiles reclutados mediante engaños y asesinados para presentarlos como guerrilleros muertos en combate, una estrategia para inflar las cifras de éxito militar. A cambio, los soldados recibían recompensas, como condecoraciones o permisos.
«Dada la existencia de estos patrones macrocriminales, se puede concluir sin que quepa duda que estos hechos no fueron aislados ni atribuibles a conductas individuales, sino que formaron parte de una práctica sistemática y generalizada, orientada a generar reportes operacionales y a encubrir crímenes internacionales en un contexto de presión institucional por resultados», subrayó Ochoa.
El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, afirmó que «ningún colombiano debió haber fallecido como resultado de un entramado criminal, encargado de seleccionar, asesinar y desaparecer a personas inocentes (…) con el único fin de convertirlas en cifras, en números, en estadísticas frías y viciadas».
«Ninguna sociedad tendría que pasar por algo así, ni tolerarlo, ni mucho menos negarlo, disculparlo o justificarlo. No podemos caer en la tentación del negacionismo histórico. Esos crímenes internacionales sí existieron y quebrantaron los valores más sagrados de nuestra democracia», agregó el presidente de la Jurisdicción.