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El jurista Eduardo Núñez aclaró de manera enfática su posición respecto a la inminente puesta en vigencia del nuevo Código Penal en la República Dominicana y precisó que aunque, contrario a ciertas interpretaciones, siempre ha estado de acuerdo con la implementación de esta pieza legislativa, en ningún momento ha pretendido restar importancia al derecho fundamental de la libertad de expresión.
En el marco de este debate jurídico y social, Núñez fijó una posición respecto a los delitos de palabra y el rol de los medios de comunicación en una sociedad democrática.
"La prisión por un delito de difamación o injuria en la República Dominicana es inconstitucional. Voy más lejos: la multa por un delito de difamación o injuria, cuando la crítica se encuentra sobre la función pública o el interés público, también es inconstitucional", aseveró el jurista.
Con este argumento, el profesional del derecho defendió que la labor fiscalizadora de la prensa y de la ciudadanía sobre los recursos del Estado y el comportamiento de los funcionarios no debe ser coartada bajo amenazas de índole penal, ya que colide directamente con las garantías establecidas en la Carta Magna.
Otro de los temas de alta sensibilidad analizados por el jurista gira en torno a la frontera entre la vida privada de los servidores del Estado y el escrutinio público, específicamente respecto a las relaciones extramatrimoniales o "amantes" de los funcionarios.
El debate jurídico actual establece que cuando estas parejas extramatrimoniales se benefician de nominillas estatales, contratos públicos sobrevaluados, tráfico de influencias o un incremento patrimonial injustificado, el tema deja de ser un asunto puramente moral o privado para convertirse en un asunto de estricto interés público y objeto legítimo de denuncia periodística.
Finalmente, el togado analizó el panorama político en el Congreso Nacional y la premura con la que las cámaras legislativas se encuentran trabajando para dejar aprobado el Código Penal.
La meta inamovible de los legisladores es garantizar que la histórica pieza jurídica sea promulgada y entre en vigencia formal a partir del próximo 3 de agosto, cerrando así un ciclo de debates que ha tomado décadas en el Congreso dominicano.