El abogado Manuel “Manny” Sierra advirtió que, con la implementación del Código Penal, las opiniones emitidas por periodistas, comunicadores y panelistas de programas radiales podrían convertirse en la base de una imputación penal.
Durante una llamada al programa El Sol de la Mañana, Sierra aseguró que los profesionales de la comunicación todavía no han dimensionado las implicaciones que, a su juicio, tiene la normativa para quienes realizan comentarios y análisis sobre funcionarios públicos, personas jurídicas y asuntos de interés colectivo.
“A mí me parece que ustedes todavía no han podido alcanzar a ver las implicaciones y el peligro que sigue entrañando la promulgación de ese código, específicamente para ustedes, los que hacen opinión”, expresó.
El abogado explicó que el riesgo principal no recaería sobre los periódicos, canales de televisión o emisoras cuando se limitan a reproducir de manera neutral una información generada por otra persona. Según su planteamiento, en esos casos el medio funciona como un vehículo para difundir las declaraciones de un tercero.
Sierra indicó, sin embargo, que la situación sería diferente para los comunicadores que realizan una afirmación propia o que se convierten directamente en la fuente de la información.
“En este caso, el Código Penal está destinado para ustedes, los que son las fuentes de la información. Es a partir de lo que ustedes dicen que se generará la imputación”, manifestó.
El jurista centró parte de sus críticas en la redacción del artículo 208 del Código Penal, la cual calificó como “peligrosísima” para el ejercicio de la comunicación.
De acuerdo con Sierra, la sola alusión a un funcionario público, una persona moral o alguien relacionado con un asunto de interés público podría provocar que un periodista o comentarista sea involucrado en un proceso judicial.
“El solo hecho de ustedes tener el temor del involucramiento en un proceso es evidente que conlleva la inhibición de que ustedes puedan referirse a los temas”, señaló.
A juicio del abogado, ese temor produciría autocensura en los programas de opinión, debido a que los comunicadores podrían evitar determinados temas o referencias para reducir el riesgo de ser procesados.
Sierra utilizó como ejemplo su propia llamada al espacio radial. Dijo que, conforme a la interpretación que hace del Código Penal, los conductores tendrían que preguntarle previamente qué diría antes de permitirle intervenir, con el objetivo de evitar posibles responsabilidades.
“Conforme a cómo está redactado ese código, ustedes tienen que ser censores”, afirmó.
El abogado insistió en diferenciar entre el medio que transmite una declaración y la persona que formula directamente una acusación, opinión o señalamiento.
Explicó que cuando la información es generada por un tercero, el periódico, la emisora o el canal se limita a permitir que esa persona exponga públicamente sus ideas. En cambio, cuando el comunicador realiza una afirmación propia, pasa a ser la fuente directa del contenido cuestionado.
Según Sierra, esa diferencia coloca en una situación de mayor vulnerabilidad a quienes participan diariamente en programas de comentarios y debates.
“Sobre todo a los que hacen comunicación directa en la radio, a los programas de opinión, que hasta hace un tiempo la opinión no era sancionada”, sostuvo.
Agregó que, bajo la nueva normativa, esos comentarios podrían ser tratados como infracciones.
“A partir de ahora, en este Código Penal, la opinión que ustedes hacen a diario se convierte en un delito”, declaró.
Sierra también cuestionó las modificaciones anunciadas al Código Penal, al considerar que no eliminan el problema señalado por los sectores vinculados con la comunicación.
El abogado afirmó que los cambios mantienen sanciones de prisión por expresiones consideradas difamatorias o injuriosas.
“Le han dado la vuelta a la página y sigue siendo lo mismo”, expresó. “Le impone prisión por la expresión”.
Durante su intervención, señaló que la normativa contempla pena de cárcel, multa y otras sanciones complementarias. Según dijo, los comunicadores no estarían prestando suficiente atención a todas las consecuencias que podría generar un proceso de esa naturaleza.
“Se les sigue engañando, sobre todo a los que hacen comunicación directa en la radio, a los programas de opinión”, afirmó.
El abogado también hizo referencia a la Convención Interamericana de Derechos Humanos y al caso Herrera Ulloa contra Costa Rica.
Según explicó durante la llamada, las acciones por difamación, calumnia o injuria promovidas por funcionarios públicos o personas involucradas voluntariamente en asuntos de interés público deberían ser tramitadas por la vía civil y no por la vía penal.
Sierra sostuvo que, en esos casos, correspondería al supuesto afectado demostrar que el comunicador actuó con intención de causar daño o con conocimiento de que estaba difundiendo una información falsa.
“Aquí, como está redactado el Código Penal dominicano, está llevando a que sea el propio comunicador el que tenga entonces que aportar la prueba de que no tuvo intención al momento de hacer alusión a una persona o a un funcionario público”, expresó.
Para Sierra, el mayor peligro no se limita a una eventual condena. El abogado considera que la posibilidad de ser citado, sometido o involucrado en un proceso judicial puede ser suficiente para limitar las opiniones de periodistas y comunicadores.
Aseguró que ese escenario afectaría principalmente a los espacios en los que se emiten comentarios directos sobre la administración pública, el comportamiento de funcionarios y otros temas de interés colectivo.
“El presidente ha dicho que le ha hecho un gran favor a las comunicaciones porque se le ha recomendado una nueva modificación y, sin embargo, sigue siendo lo mismo”, sostuvo Sierra. “Le impone prisión por la expresión”.