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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) denunció este martes presuntas vulneraciones a los derechos fundamentales de personas privadas de libertad en el Palacio de Justicia de Santo Domingo Este, al asegurar que se incumplen los plazos constitucionales y legales para conocer las solicitudes de medidas de coerción. La entidad afirmó que la situación se ha repetido de manera constante en la Ciudad Judicial.
El presidente de la CNDH-RD, Manuel María Mercedes, informó que la organización ha recibido "más de 100 denuncias en las últimas semanas" relacionadas con personas que permanecen detenidas por más de 30 días sin ser presentadas ante un juez. Indicó que esa situación contraviene el plazo de 48 horas establecido para el conocimiento de estos casos.
La comisión atribuyó parte de los retrasos a la falta de espacio en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Luis. Según explicó, los detenidos son enviados a distintos destacamentos policiales y, posteriormente, no son trasladados a la Ciudad Judicial para la celebración de las audiencias por problemas logísticos, lo que, a su juicio, retrasa los procesos judiciales y aumenta la carga del sistema.
Asimismo, sostuvo que de las 60 audiencias de medidas de coerción programadas diariamente en la Ciudad Judicial, más del 90 % son aplazadas por la falta de traslado de los imputados. La organización consideró que esa práctica es incompatible con un Estado social y democrático de derecho y recordó que la Constitución, el Código Procesal Penal y tratados internacionales establecen que toda persona detenida debe ser presentada sin demora ante la autoridad competente.
Ante este panorama, la CNDH-RD exhortó al Consejo del Poder Judicial y al Ministerio Público a adoptar medidas urgentes que garanticen el conocimiento oportuno de las audiencias dentro del plazo constitucional de 48 horas. La entidad insistió en que las deficiencias institucionales no deben afectar el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.
Como parte de las acciones anunciadas, la organización informó que "hará un HABEAS CORPUS colectivo con todas estas personas afectadas". Además, aseguró que continuará documentando los casos y promoviendo las acciones legales e institucionales que considere necesarias para procurar el respeto de las garantías constitucionales y el funcionamiento oportuno del sistema de justicia.