El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, informó este viernes que la clínica estética Diosa, ubicada en Santiago de los Caballeros, donde recientemente falleció una mujer, ya había sido cerrada con anterioridad debido a irregularidades en su funcionamiento.
Según explicó el funcionario, la clausura previa se produjo por motivos similares, vinculados a situaciones que representaban un peligro para la vida y la seguridad de los pacientes.
Precisó que el establecimiento solo contaba con autorización para brindar consultas médicas, no para realizar procedimientos quirúrgicos o estéticos.
Indicó que al incumplir las normas y efectuar intervenciones estéticas sin el permiso correspondiente, las autoridades procedieron a una nueva acción de cierre.
“Atendiendo a esta situación, nuestro equipo de habilitación procedió a clausurar nuevamente el establecimiento, incluyendo el área de consultas que permanecía abierta”, señaló el ministro.
Añadió que el caso será remitido a los tribunales una vez concluya el informe técnico que se encuentra en proceso de elaboración.
Atallah destacó que en los últimos años se ha reforzado la vigilancia sobre los centros estéticos del país, lo que ha permitido disminuir en cerca de un 60 % los incidentes relacionados con este tipo de procedimientos.
Asimismo, indicó que más de cien establecimientos han sido cerrados por incumplir las regulaciones sanitarias vigentes.
En ese contexto, exhortó a la ciudadanía a comprobar que tanto los centros como los profesionales estén debidamente autorizados antes de someterse a cualquier intervención, y advirtió sobre los riesgos de realizar múltiples procedimientos al mismo tiempo.
El Ministerio de Salud Pública dispuso nuevamente el cierre de la clínica Diosa tras la muerte de Geraldín Hernández, de 32 años, quien, de acuerdo con sus familiares, falleció mientras era sometida a una liposucción.
Según versiones de allegados, la mujer ingresó al centro médico la mañana del jueves 26 de marzo para practicarse dicho procedimiento.
Ámbar Sánchez, prima de la víctima, cuestionó la actuación del establecimiento, asegurando que la familia no ha recibido explicaciones claras sobre lo ocurrido.
También denunció que, antes del fallecimiento, se habría solicitado dinero adicional y más unidades de sangre, pese a que —según afirmó— esos requisitos ya habían sido cumplidos previamente.