La política y activista Claudia Rita Abreu manifestó su oposición a la propuesta de modificación del artículo 56 de la Ley 11-92 del Código Tributario, que permitiría a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) almacenar datos de contribuyentes en infraestructuras tecnológicas externas.
Para Abreu, esta reforma abre la puerta a que empresas privadas, muchas de ellas extranjeras, administren información sensible de los ciudadanos, empujando al país hacia un modelo de “tecno-feudalismo”, en el que los datos son la nueva forma de dominio.
En un artículo publicado en medios nacionales, Abreu citó al economista Yanis Varoufakis para explicar el concepto: el tecno-feudalismo se impone cuando el poder económico deja de estar en manos de quienes producen bienes materiales y pasa a manos de quienes gestionan datos.
Según ella, “no fabrican lo que venden, sino que, a través de algoritmos, inducen un consumismo constante”, refiriéndose a plataformas como Amazon y Temu, mientras que proveedores como AWS, Google Cloud y Microsoft Azure se convierten en los “dueños virtuales” de los espacios donde se almacena la información de millones.
La preocupación principal de Abreu es que la propuesta permitiría a la DGII utilizar "centros de datos propios, de terceros o servicios en la nube" para almacenar información, sin establecer limitaciones claras sobre la jurisdicción ni la ubicación. Según sus palabras: "ceder la custodia de la información a una potencia extranjera equivale a otorgarle el control de nuestra realidad".
Destacó que la República Dominicana ya cuenta con un centro de datos gubernamental en el Parque Cibernético de Las Américas, el cual está operativo y alineado con estándares internacionales. Por lo tanto, considera innecesario depender de servicios externos para manejar datos estratégicos.
Abreu advirtió que, con la redacción actual, instituciones clave como Educación, Salud, Migración, Registro Civil y Defensa podrían ver su información crítica diseminada en servidores fuera del alcance legal del país. Reiteró que "esta redacción abierta no otorga ninguna garantía real de independencia tecnológica" y presenta "vacíos legales" que podrían favorecer a grandes empresas del sector digital.
Como ejemplo de soberanía tecnológica, mencionó a naciones como China, Francia, Alemania, Brasil e India, que han legislado para proteger sus infraestructuras digitales y asegurar que los datos nacionales permanezcan bajo control local.
Finalmente, hizo un llamado al Congreso para rechazar cualquier medida que permita trasladar la custodia de datos a proveedores extranjeros. “Quien se adueña de la información, se adueña del mundo. No podemos permitir que el Estado ceda esta palanca a los señores tecno-feudalistas de la actualidad”.