A partir de octubre de 2025, los influencers que hablen de temas como medicina, derecho, educación o finanzas deberán demostrar estudios o certificaciones oficiales.
La medida, impulsada por la Administración del Ciberespacio de China (CAC), busca frenar la desinformación en plataformas como Douyin (la versión china de TikTok), Weibo y Bilibili.
Pero también abre una discusión global: ¿Hasta dónde puede un Estado decidir quién tiene derecho a informar?
Los creadores que hablen sobre temas “profesionales” deberán acreditar formación en el área o estar vinculados a instituciones educativas o médicas.
Sin ese respaldo, sus publicaciones podrán ser eliminadas o bloqueadas.
Además, las plataformas estarán obligadas a verificar la autenticidad de los títulos antes de permitir que los usuarios compartan contenido especializado.
Las cuentas nuevas no podrán publicar sin certificación, y los influencers actuales tendrán dos meses para cumplir con los nuevos requisitos.
Quien no lo haga, perderá el acceso a herramientas profesionales o corre el riesgo de que su cuenta sea suspendida.
El gobierno chino también prohibió la publicidad encubierta relacionada con productos médicos, suplementos o tratamientos.
Cualquier creador que use el formato educativo para vender será sancionado, y los algoritmos deberán detectar y bloquear los contenidos sexualizados disfrazados de material educativo.
Los videos o transmisiones en vivo que traten sobre educación o ciencia deberán citar fuentes confiables y especificar si fueron creados con inteligencia artificial o dramatizaciones.
El objetivo, según la CAC, es promover una cultura digital más honesta y responsable.
Para el gobierno, la medida busca proteger al público. Pero para muchos analistas, representa una forma sofisticada de censura, ya que centraliza el poder de decidir quién puede hablar y sobre qué temas.
China no solo regula la información: redefine el papel del influencer como una figura académica más que popular.
Con esta política, China se convierte en el primer país que vincula la educación formal con el derecho a informar en redes sociales.
Algunos expertos creen que otros gobiernos podrían seguir el ejemplo, especialmente en temas de salud o finanzas, donde la desinformación tiene consecuencias reales.
El experimento chino apenas comienza, pero ya genera repercusión mundial en cuanto a la libertad de expresión.
En un entorno donde la inteligencia artificial puede crear contenido en segundos y la viralidad dicta lo que la gente cree, surge una pregunta inevitable:
¿Estamos ante el futuro de la comunicación responsable o frente a una nueva era de control digital?