Hay personas y grupos que llegan tarde a las discusiones de los temas nacionales. Se abren licitaciones o se publican proyectos de ley o convocatorias de vistas públicas y no se dan por enterados. “Despiertan” cuando está todo consumado y pretenden, con amenazas y vías de hecho, el regreso al punto de partida.
La Federación Dominicana de Comerciantes (FDC) y la Asociación Dominicana de Comerciantes (FDC) reaccionan con retraso en dos temas trascendentes con su arma de reglamento a la mano: paro de actividades.
Iván García, presidente de la entidad, alega que los aumentos que consigna la reforma a la ley sobre residuos sólidos, entre 200 y 500 por ciento, desestabilizarían a pequeños y medianos comerciantes, al citar que muchos negocios pasarían de 5 mil a 20 mil pesos anuales. De acuerdo al ejemplo de García sería llevar el pago mensual de 416 pesos a 1,666 pesos. ¿Quebrarían? Una exageración, evidentemente.
Numerosos sectores impugnaron los cambios desde que fue anunciada la iniciativa y la discusión se extendió durante meses en diferentes escenarios, con cabildeos incluidos.
Senadores y diputados aceptaron numerosos cambios, mientras el proyecto iba y venía de una cámara a otra, hasta que un día se entendió “suficientemente debatido” y fue convertido en ley.
La Constitución establece que una vez el proyecto es convertido en ley, debe ser remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación, lo que supone inmediatez en la tramitación administrativa, sin una cuantificación de días.
¡Oh, sorpresa! Faltaba consignar otras inquietudes que llegaron al gobierno, que provocarían la observación presidencial, por lo que, de común acuerdo, Ejecutivo y Senado decidieron ‘engavetar’ la legislación. Se alegó que el plazo constitucional era insuficiente para un examen riguroso y más cambios. El peligroso precedente se extendió por tres meses.
¿Dónde estaban Iván y la FDC durante ese tiempo? ¿Por qué dejar pasar todos los plazos y aparecer ahora con amenaza de paro nacional de más de un millón de comerciantes? ¿Ego o demostración de fuerza en un momento de debilidad gubernamental? Para mandarlo al cachimbo.
Cuarenta y ocho horas después de la altisonante advertencia, Iván aparecía como todo un perdonavidas anunciando que dejaba sin efecto la paralización porque el gobierno, a través del ministro de Industria y Comercio, Yayo Lovatón, había prometido otra revisión de la legislación en marzo, inmediatamente se reanudaran las actividades legislativas. ¿En serio? ¿Volverá la ley a otro trauma congresual por una amenaza extemporánea?
En el caso del rechazo de la ADP a la fusión de los ministerios de Educación y Educación Superior, da la impresión de que apareció el “guapo del barrio”, proclamando “déjenmelo a mí”. El gremio entra en escena, luego de que el gobierno desechara impugnaciones de sectores académicos y políticos.
¿Dónde estaba la ADP cuando iniciaron y se profundizaron las discusiones acerca de la propuesta presidencial, convertida hace tiempo en proyecto de ley? Numerosos sectores contrarios a la idea oficial han subido el tono crítico, pero opiniones al fin. ADP, por el contrario, de inmediato acude a las calles y deja a los estudiantes sin docencia.
La actitud del gremio que dirige Eduardo Hidalgo no sorprende, pero irrita por esa constante de pretender un discurso en defensa de la educación, afectando a los escolares, centro de cualquier política educativa.
ADP está preocupada realmente por el destino del 4 por ciento del PIB para la educación, que captura generosamente y que teme se varíe su distribución.
¿Cederá el gobierno a la presión adepeista? Tradicionalmente, sí.
En los dos temas, hay muchos argumentos contrarios a la visión oficial, razonablemente ponderables, pero sería mal mensaje, de daño institucional, que los cambios vengan después de actitudes chantajistas.