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Julio Martínez Pozo señaló este jueves en su comentario de El Sol de la Mañana que el Código Penal de la República Dominicana establece que la difamación e injuria solo es perseguible como acción privada, por lo que, "por ninguna parte se establece la participación de un Ministerio Público, es decir, eso es un exceso, eso no corresponde con sus funciones".
Hizo este análisis a partir de que este miércoles la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, comunicó que se lleva a cabo una investigación sobre una supuesta red de difamación e injuria, amparada en plataformas digitales.
El coordinador de El Sol de la Mañana expresó que hay otros casos de mayor urgencia para la acción del Ministerio Público (MP), como la sobrepoblación de presos preventivos en las cárceles del país, porque la difamación o injuria solo requiere de la denuncia del afectado o su representante legal.
"Si ella en esta parte quiere destacar un poco más, pero dedícate a toda esa gente que a veces está pendiente de una bendita libertad, porque no sube un fiscal porque hay escasez de fiscales, y estamos hablando de un país, sobre todo un Gran Santo Domingo, con más de un 60 % de presos preventivos, es decir, unas fiscalías que no tienen recursos para atender lo que les compete", indicó Martínez Pozo.
Continuó diciendo: "Entonces quieren incursionar en cosas que no le competen, que está claramente establecido que no le corresponde".
Julio Martínez Pozo expresó su respaldo a que cualquier persona que haya sido difamada proceda legalmente. "Yo estoy de acuerdo con que toda persona que haya sido agredida, cuyo honor haya sido afectado actúe".
Sin embargo, dijo: "Yo no estoy de acuerdo con que la ministra de Interior y Policía involucre al Gobierno en esto o que se produzcan otras acciones que se parezcan al abuso de poder, y esto va por ahí, porque eso no va dentro de nuestro ordenamiento jurídico, que establece claramente que eso es un tema de acción privada".