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Todo el país exige consecuencias para los principales señalados en el desfalco al Seguro Nacional de Salud (Senasa), un escándalo que, hasta el momento, supera los 15 mil millones de pesos. No se trata solo de cifras escandalosas; se trata de vidas humanas afectadas, de pacientes con enfermedades graves, de niños que necesitaban una simple aprobación médica para mejorar su condición de vida, y de personas que hoy no están para contarlo.
Este entramado no fue improvisado. A simple vista, se trató de una red planificada paso por paso, ejecutada con frialdad, mientras un grupo pensaba únicamente en cómo llenarse los bolsillos. En ese proceso, se negaron recetas, se retrasaron tratamientos y se condenó al sufrimiento a miles de dominicanos que confiaron en el Seguro Nacional de Salud.
Ante este panorama, la pregunta es obligatoria: ¿dónde estaban los controles del Estado? ¿Cómo fue posible que esta “pandilla de malhechores” creciera hasta alcanzar una magnitud que hoy se considera una de las mayores estafas contra el pueblo dominicano?
Quisiera vivir en un país donde el jefe de Estado tenga la firmeza necesaria para hacer temblar, pero de alegría, al pueblo dominicano; un país donde se envíe un mensaje claro de que los diez principales acusados del caso Cobra no actuaron solos, y que detrás de este fraude hubo una cadena de omisiones, complicidades o negligencias desde los propios organismos de control.
¿Dónde estuvo la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana? ¿Cómo no detectó movimientos financieros irregulares en cuentas vinculadas a estas personas? ¿Dónde estaba el DNI? ¿Por qué no intervino? ¿Acaso la Dirección General de Compras y Contrataciones cumple su rol de manera efectiva o existen “casos especiales” donde los controles se relajan peligrosamente?
Y qué decir de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig). Esta institución, encargada de velar por la transparencia, otorgó a Senasa calificaciones superiores al 85 % durante los primeros seis meses del año 2025. De enero a junio, la entidad obtuvo un promedio de 92.89 %, con evaluaciones que alcanzaron hasta un 96.84 %. Hoy resulta incomprensible que una institución señalada por un desfalco de más de 15 mil millones de pesos haya sido evaluada como “sobresaliente”.
Entonces, cabe otra pregunta incómoda: ¿cómo se mide realmente la transparencia en este país? ¿Podemos confiar en unos controles que califican con 89.32 % a una institución que estaba siendo saqueada?
Sería saludable para la democracia dominicana amanecer un día con la noticia de que el presidente de la República ha destituido a los funcionarios que, a todas luces, no funcionaron; que los ha puesto a disposición de la Procuraduría para que respondan por qué no ejercieron sus funciones y por qué no protegieron el dinero del pueblo, ese dinero que sale de los impuestos de ciudadanos que apenas sobreviven.
Porque el desfalco a Senasa no es solo un robo de recursos públicos: es un atentado directo contra la salud, la dignidad y la vida del pueblo dominicano. Y frente a eso, la impunidad no puede seguir siendo la norma.
Por Jeury Ruiz