El pasado 13 de septiembre, el informe que documenta presuntas irregularidades en el Seguro Nacional de Salud (SeNasa) fue depositado ante la Procuraduría General de la República. Seis días después, el país sigue a la espera de los avances de la investigación por parte del Ministerio Público.
La investigación está a cargo de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), que cuenta con el informe entregado por el superintendente de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), Miguel Ceara Hatton, y el director ejecutivo de SeNaSa, Edward Guzmán. Desde entonces, la información sobre el progreso del caso es escasa, sin embargo, se han develado nuevos ingredientes.
La exministra de Salud Pública y exdirectora ejecutiva de SeNaSa, Altagracia Guzmán Marcelino, señaló al superintendente de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), Miguel Ceara Hatton, como uno de los principales responsables de la crisis en la institución.
Guzmán Marcelino, dirigente del PLD, afirmó que Ceara Hatton debería estar incluido en el expediente entregado a la Procuraduría General de la República, como parte fundamental para la investigación sobre las operaciones de SeNaSa.
Guzmán Marcelino sostuvo que, como responsable de la fiscalización, el superintendente de Sisalril conocía toda la situación y permitió que las irregularidades en SeNaSa continuaran. Ceara Hatton, junto al director ejecutivo de SeNaSa, Edward Guzmán, entregó el informe que detalla “los graves hallazgos” detectados en la aseguradora estatal.
La exfuncionaria recordó que, cuando surgieron las primeras denuncias, el Gobierno negó la existencia de una crisis que ahora busca esclarecer. La posible imputación de Ceara Hatton dependerá del resultado de la investigación de la Procuraduría, aunque enfatizó que “ningún cabo debe quedar en el aire”.
La pesquisa sobre el caso SeNaSa ha tomado distintos caminos, orientándose a diversas áreas para reunir pruebas y localizar a los responsables de las supuestas irregularidades dentro del organismo.
El Gobierno, al ordenar la presentación del informe, tranquilizó a los afiliados al Seguro Nacional de Salud, asegurando que esta acción no afectará ni la prestación ni la calidad de los servicios que ofrece la institución.
“El Ministerio Público será el encargado de mantener informada a la población, siempre actuando con responsabilidad y respetando los procedimientos legales conforme avance la investigación”, declaró Félix Reyna, portavoz oficial.
En tanto, Chanel Rosa Chupany, quien fue director del Servicio Nacional de Salud, indicó que durante la gestión de Santiago Hazim se implementó una contabilidad paralela que permitió esconder parte de la deuda de SeNaSa. Esta práctica evitó que la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) detectara el verdadero estado financiero de la entidad.
El Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), la principal entidad de administración de riesgos de salud en el país con más de siete millones de afiliados, se ha visto envuelto en una serie de irregularidades que comprometieron seriamente sus recursos.
Una serie de maniobras fraudulentas, que se realizaban de manera simultánea, fueron responsables de generar la actual crisis financiera que enfrenta la institución.
Entre los hechos investigados destaca la operación de un centro de llamadas paralelo que autorizaba procedimientos médicos inexistentes, además de pagos acelerados a proveedores y la contratación irregular de servicios anulada por la Dirección General de Contrataciones Públicas.
También se investigan fraudes en la autorización de medicamentos, donde al menos una cadena farmacéutica habría manipulado reportes para beneficiarse económicamente, así como un auxilio financiero del Consejo Nacional de la Seguridad Social para mantener la estabilidad.
El informe detallado sobre estas irregularidades fue entregado recientemente a la Procuraduría General de la República, marcando un paso importante en el proceso, que ahora se encuentra en manos del Ministerio Público.
Uno de los fraudes más graves detectados fue la existencia de un call center no oficial, utilizado para aprobar procedimientos médicos para pacientes que ni siquiera los solicitaban. Esta práctica se realizaba con la complicidad de personal interno y proveedores, generando autorizaciones falsas que luego eran cobradas como si hubieran sido realmente ejecutadas.
Las investigaciones iniciales identificaron a médicos y empresas implicadas en este esquema. Ahora, la Procuraduría profundiza en el caso para determinar la extensión del fraude y los responsables externos involucrados.
Simultáneamente, se detectaron irregularidades en la facturación de medicamentos. Una cadena de farmacias realizó reportes falsos, descontando a los afiliados montos por medicamentos que no fueron consumidos, utilizando para ello datos personales sin consentimiento. Este mecanismo aprovechaba que los afiliados tienen un cupo anual para medicamentos que no se acumula, haciendo cobros antes de que el derecho expirara.
En cuanto a la gestión contractual, la Dirección General de Contrataciones Públicas anuló un contrato directo entre SeNaSa y la empresa Farmacard, al considerarlo contrario a la legislación vigente. La contratación fue catalogada como un servicio administrativo que debía ser sometido a licitación pública, aunque el contrato seguirá vigente por un plazo limitado mientras se realiza el proceso competitivo.
Esta resolución se dio luego de una denuncia presentada por otra empresa proveedora del software, la cual gestionaba el sistema antes de Farmacard. El cambio en la administración del software permitió detectar las irregularidades en la facturación.
Por disposición del presidente Luis Abinader, tanto el superintendente de Salud y Riesgos Laborales, Miguel Ceara, como el director ejecutivo de SeNaSa, Edward Guzmán, presentaron ante la Procuraduría un informe que expone estas “graves irregularidades”, para que se inicie un proceso de investigación más profundo.
La DGCP aclaró que las contrataciones realizadas entre las prestadoras de servicios de salud (PSS) y Senasa no están reguladas por la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas, sino por la Ley 87-01 de Seguridad Social.
Sin embargo, en los casos de contrataciones de bienes o servicios con empresas sin habilitación como PSS emitida por la Sisalril, sí quedan sujetas a la Ley 340-06.
Esto se reflejó en la resolución del 15 de agosto pasado, cuando se dejó sin efecto la contratación de la empresa Farmacard, S.R.L. por parte de Senasa, ya que no contaba con acreditación como PSS.
Edward Rafael Guzmán Padilla asumió como director ejecutivo de SeNaSa (Seguro Nacional de Salud de la República Dominicana) el 18 de agosto de 2025, tras ser designado por el presidente Luis Abinader mediante el decreto 461‑25 emitido el 17 de agosto.
El director ejecutivo de Senasa, doctor Edward Guzmán, reconoció que han existido retrasos en los pagos a las prestadoras de servicios de salud, pero aseguró que ya se ha definido un cronograma de regularización progresiva de dichos pagos.
Durante una reunión con Andeclip que se desarrolló en un clima de respeto, apertura y cordialidad, se abordaron los temas que más afectan actualmente a las prestadoras de servicios de salud privadas, con especial énfasis en los retrasos en los pagos.
La comitiva de Andeclip estuvo encabezada por su presidente, el doctor Rafael Mena, quien expresó su disposición al diálogo y reiteró la importancia de regularizar los flujos de pago para garantizar la sostenibilidad de los centros de salud y la continuidad de los servicios ofrecidos a los afiliados del sistema.
Afirmó que las clínicas pueden estar tranquilas, ya que se garantizará la continuidad de los pagos mensuales, como corresponde y “como aspira todo prestador de servicios de salud”.