El comentarista y coordinador de El Sol de la Mañana, Julio Martínez Pozo, afirmó este martes que la resolución emitida por el juez Reymundo Antonio Mejía Zorrilla en el caso Jet Set constituye una de las decisiones con mayor fundamento jurídico dictadas en el país, al considerar que el magistrado actuó conforme al rol de un juez imparcial y acogió la calificación jurídica planteada por el Ministerio Público.
Martínez Pozo se refirió al auto de apertura a juicio de fondo a Antonio y Maribel Espaillat, resaltando que dentro del proceso por el colapso del techo de la discoteca Jet Set, el tribunal tendrá a la vista los dos peritajes presentados en el proceso: el del Ministerio Público y el de la defensa.
Explicó que el juez acogió las pruebas de cargo y de descargo, dejando que sea el tribunal de juicio el que examine ambos informes técnicos, los contraste y determine cuál tiene mayor valor probatorio dentro del expediente.
En ese sentido, sostuvo que el magistrado no cerró el debate técnico, sino que permitió que los peritajes sean discutidos en la etapa de fondo, donde las partes podrán defender sus posiciones, presentar expertos y someter sus pruebas al contradictorio.
Para Martínez Pozo, ese aspecto confirma el equilibrio de la resolución, porque no excluye de plano las pruebas de la defensa ni impide que el Ministerio Público sostenga su acusación ante el tribunal competente.
El comentarista consideró que el proceso deberá continuar con mayor frialdad y objetividad, tomando en cuenta la magnitud de la tragedia, pero también las garantías procesales de todas las partes.

El comentarista sostuvo que el juez actuó con equilibrio al colocar a las partes en igualdad de condiciones y decidir sobre la base de los elementos presentados durante la audiencia preliminar.
“La reciedumbre y la capacidad de ese juez nadie la cuestiona”, expresó Martínez Pozo, al señalar que el magistrado actuó a la altura de su función como tercero imparcial dentro del proceso.
Martínez Pozo explicó que el punto central de la resolución fue la calificación jurídica acogida por el tribunal, que mantuvo el homicidio involuntario y descartó una calificación más gravosa, como planteaban algunos sectores.
“Difícilmente se haya producido en este país una resolución con más amplio fundamento en términos jurídicos”, manifestó.
“Esa es la tipificación de la mayoría de los querellantes”, dijo Martínez Pozo.
Según su análisis, la resolución no solo respondió a lo solicitado por el órgano acusador, sino también a lo planteado por gran parte de las víctimas constituidas en querellantes y a la posición procesal que pedía enviar el caso a juicio de fondo para que allí se debatieran las pruebas.