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El coordinador de El Sol de la Mañana, Julio Martínez Pozo, calificó el proceso judicial contra el exprocurador general Jean Alain Rodríguez como “el peor de los expedientes” presentado en República Dominicana y aseguró que ha representado pérdidas superiores a los RD$5,000 millones para el Estado.
Durante su intervención en el programa, Martínez Pozo sostuvo que el caso no tendrá consecuencias por la falta de responsabilidad institucional. “Somos una partida de irresponsables”, expresó al cuestionar el manejo dado al expediente y los costos derivados del cierre durante años de las instalaciones penitenciarias construidas en Las Parras.
Indicó que la terminación de esas edificaciones habría requerido entre RD$200 millones y RD$250 millones, pero afirmó que, debido a su paralización, el Estado terminó destinando más de RD$3,000 millones para habilitar nuevamente instalaciones que, según señaló, ya estaban prácticamente construidas.
El comentarista leyó parte de la solicitud presentada por la defensa de Rodríguez ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, mediante la cual pidió declarar extinguida la acción penal y ordenar el cierre definitivo del proceso, alegando que ha superado el plazo máximo de cuatro años establecido en el artículo 150 del Código Procesal Penal.
Según el documento leído, la defensa sostiene que la investigación comenzó el 21 de agosto de 2020 y que el 25 de noviembre de ese año se ejecutó un impedimento de salida contra el exfuncionario sin orden judicial, actuación que, a su juicio, marcó el inicio del cómputo del plazo procesal.
La solicitud también cita estadísticas del Poder Judicial que indican que entre 2024 y 2025 los tribunales dominicanos acogieron 22,645 solicitudes de extinción de la acción penal, mientras 2,769 fueron rechazadas o declaradas inadmisibles. La defensa argumentó que estos datos demuestran que se trata de una garantía procesal aplicada regularmente.
Martínez Pozo explicó que, conforme a la defensa, las dilaciones fueron provocadas por el Ministerio Público, al desarrollar una investigación de casi dos años, solicitar una prórroga adicional y entregar un disco duro defectuoso con unas 3,000 pruebas que no podían ser consultadas, situación que habría retrasado el proceso por más de un año.
El documento agrega que cerca de seis meses fueron empleados en la lectura obligatoria de una acusación de más de 12,000 páginas y que el Ministerio Público habría dejado sin responder más de 50 solicitudes de documentos, además de retrasar la entrega de cientos de pruebas a descargo pese a decisiones judiciales que ordenaban suministrarlas.
“El proceso está irremediablemente extinguido”, afirmó Martínez Pozo, quien comparó la extensión del expediente con una acusación de 48 páginas presentada contra el presidente estadounidense Donald Trump por 37 cargos penales, para cuestionar la dimensión de la acusación dominicana.