x
El comentarista y coordinador de El Sol de la Mañana, Julio Martínez Pozo, cuestionó este lunes que el expediente del caso Intrant no incluyera a la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas ni a su director, Carlos Pimentel, pese a que, según planteó, si el contrato estaba “plagado de irregularidades”, ese órgano debió advertirlas antes de que la contratación se materializara.
Al referirse al envío a juicio de fondo del exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Hugo Beras, y del empresario José Ángel “Jochi” Gómez, Martínez Pozo dijo que echa de menos en el caso la figura de la “infracción del deber”, que atribuyó a funcionarios que, por inobservancia de sus responsabilidades, permiten la comisión de ilícitos por parte de terceros.
El comentarista sostuvo que Compras y Contrataciones tiene una función preventiva y que, por tanto, debió intervenir antes de la firma del contrato, no cuando ya estaba en ejecución. A su juicio, si las irregularidades señaladas por el Ministerio Público existían desde el proceso de licitación, entonces el expediente también debió alcanzar a quienes tenían la responsabilidad de revisar y garantizar la legalidad del procedimiento.
“Si eso estaba plagado de irregularidades, ese contrato no debió suscribirse”, expresó Martínez Pozo, al señalar que la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas debía velar porque la licitación cumpliera con todos los requisitos.
El comunicador también cuestionó que ese órgano suspendiera posteriormente la ejecución del contrato, al considerar que esa no era su función principal en esa etapa. Insistió en que su responsabilidad debió ejercerse antes de la suscripción del acuerdo.
Martínez Pozo interpretó el caso Intrant no solo como un expediente judicial, sino como parte de una lucha de poder vinculada, según dijo, al control de estructuras de inteligencia. En ese contexto, planteó que la decisión de frenar a Jochi Gómez habría terminado arrastrando a otros actores del proceso.
Sobre Hugo Beras, el comentarista afirmó que, en su opinión, el exdirector del Intrant aparece en el expediente como un “daño colateral”. Dijo que el principal alegato contra Beras gira en torno a que el plan de semaforización no estaba contemplado en el POA de la institución, por lo que, según la acusación, el Intrant no tenía la apropiación de fondos correspondiente.
Sin embargo, Martínez Pozo argumentó que ese proyecto había sido anunciado previamente por el Gobierno y que los fondos fueron provistos mediante decisiones superiores, incluyendo una transferencia de recursos desde otra institución hacia el Intrant. Indicó que un director del Intrant no tiene facultad para ordenar por sí solo una transferencia de fondos entre entidades públicas.
En ese sentido, sostuvo que la decisión del proyecto de semaforización no dependía exclusivamente de Hugo Beras, sino de una disposición gubernamental más amplia. Afirmó que, al momento de activarse la licitación, los fondos ya habían sido provistos.
Martínez Pozo reconoció que la jueza Yanibet Rivas envió a juicio de fondo a la mayoría de los imputados, pero destacó que excluyó la acusación de terrorismo incluida originalmente en el expediente. A su entender, esa decisión “limpió un poco” la acusación, al retirar un señalamiento que no se correspondía con los elementos constitutivos de ese delito.
El comentarista consideró que, en el caso específico de Beras, los hechos que se le atribuyen podrían encajar más en faltas administrativas que en delitos graves. Señaló que la sanción máxima de una falta administrativa suele ser la destitución del cargo, situación que, según dijo, el exfuncionario ya enfrentó.
También afirmó que no se habría determinado que Beras recibiera algún beneficio económico personal por las presuntas irregularidades del contrato. “Eso no va contigo, pero sin ti no hay expediente”, expresó Martínez Pozo, al resumir su posición sobre el rol del exdirector del Intrant dentro del caso.