Un juez de Bolivia ordenó ampliar por cinco meses la prisión preventiva del expresidente Luis Arce en el penal de San Pedro de La Paz, dentro del proceso por el caso Fondo Indígena, considerado uno de los principales escándalos de corrupción del país en las últimas décadas.
La decisión fue adoptada durante una audiencia virtual en la que la defensa del exmandatario pidió que se dispusiera su libertad y cuestionó la continuidad de la medida cautelar.
“Por todo lo expuesto y fundamentado por la autoridad jurisdiccional, se dispone la ampliación de la detención preventiva del ahora imputado por el término de cinco meses”, resolvió el juez de medidas cautelares al cerrar la audiencia.
Arce, quien intervino ante la autoridad judicial, afirmó que “no vengo a pedir un favor, vengo a pedir algo más simple y más grande: que se aplique la ley”.
El exgobernante permanece detenido desde el 12 de diciembre de 2025, cuando fue enviado al penal de San Pedro a solicitud de la Fiscalía. La nueva resolución prolonga su reclusión pese a que sus abogados sostienen que el plazo inicial ya había concluido y que debía defenderse en libertad.
El abogado Fernando Rivadeneira calificó de “irracional” el pedido del Ministerio Público y denunció una utilización política del sistema judicial.
Arce gobernó Bolivia entre noviembre de 2020 y noviembre de 2025, cuando entregó el mando a Rodrigo Paz. La causa está vinculada a su participación en el directorio del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino durante su etapa como ministro de Economía en el gobierno de Evo Morales, cargo que ocupó casi de forma continua entre 2006 y 2019.
El Fondioc fue creado en diciembre de 2005 para financiar proyectos productivos y sociales en comunidades indígenas y rurales. Entre 2006 y 2014 recibió más de 3.197 millones de bolivianos, unos 460 millones de dólares, provenientes del cinco por ciento del Impuesto Directo a los Hidrocarburos.
Una auditoría de la Contraloría detectó que entre 2010 y 2011 se aprobaron 153 proyectos que no fueron ejecutados o quedaron inconclusos. Los reportes oficiales calcularon inicialmente un daño económico superior a 71 millones de bolivianos, cifra que luego creció en las pesquisas fiscales.
La Fiscalía acusa a Arce de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica por decisiones tomadas en el directorio del Fondioc. La investigación también alcanzó a su entorno familiar, incluido su hijo Luis Marcelo Arce. La defensa niega los cargos y sostiene que se trata de una persecución política.