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MP apela el “no ha lugar” que favoreció a Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta en el caso Calamar

El Ministerio Público afirma haber pruebas suficientes para juicio, pese al fallo inicial que excluyó a algunos acusados. La acusación señala el desvío de RD$19,000 millones en pagos irregulares

Rosa Soto
Rosa Soto
2 julio, 2026 - 7:50 AM
4 minutos de lectura
Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta. Foto/fuente externa
Gonzalo Castillo
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La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) interpuso un recurso de apelación con el objetivo de revocar el auto de “no ha lugar” que benefició a los exministros Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, así como a otros implicados en el caso de presunta corrupción administrativa conocido como Operación Calamar.

La información de que el recurso fue depositado ante los tribunales competentes, fue ofrecida por el coordinador de El Sol de la Mañana, Julio Martínez Pozo, quien recordó que la solicitud fue realizada pasado el plazo establecido.

De acuerdo a lo establecido, la medida busca que la Corte revoque la decisión emitida por la jueza del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Altagracia Ramírez, para que los imputados favorecidos en el caso Calamar sean enviados a juicio de fondo.

Otros beneficiados

Además de Castillo y Peralta, entre los beneficiados por la decisión judicial también figura Daniel Guerrero Mena, hijo del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, además de otros dos encartados cuyos cargos fueron desestimados en esta fase del proceso.

  • El Ministerio Público sostiene que existen elementos probatorios suficientes para que los acusados enfrenten juicio, pese a la decisión inicial que excluyó a parte de los imputados del expediente.

La institución recordó que, aunque cinco de los acusados fueron descargados en esta etapa, un total de 35 personas físicas y jurídicas fueron enviadas a juicio de fondo, incluyendo al exministro de Hacienda, Donald Guerrero, señalado como figura central del caso.

Acusación

Según la acusación, la presunta red habría desviado más de RD$19,000 millones de fondos públicos mediante pagos irregulares por expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública, recursos que habrían sido utilizados para sobornos y financiamiento político.

  • El caso Calamar continúa su curso judicial con la fase de apelación ahora en manos de las instancias superiores.
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