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La Comisión de Movilidad y Transporte de la Cámara de Diputados inició el análisis del proyecto de ley “Casco Seguro RD”, una iniciativa que busca incentivar el acceso y uso de cascos de protección homologados para conductores y pasajeros de motocicletas en la República Dominicana.
La propuesta, sometida por el diputado de la provincia La Altagracia, Jorge Leonardo Tavárez, tiene como meta principal fortalecer la seguridad vial y reducir la alta tasa de lesiones y muertes por accidentes de tránsito en el país, donde las motocicletas representan el mayor desafío en las vías.
Para lograr que los equipos de protección sean más económicos, el proyecto plantea la exoneración total del Impuesto sobre Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) y de los derechos arancelarios de importación para los cascos que cumplan con las debidas certificaciones.
Esta exención fiscal tendría una vigencia inicial de 10 años. Sin embargo, contempla una prórroga de hasta 5 años adicionales si al término del plazo no se ha logrado que al menos el 70% de los usuarios de motocicletas utilicen estos cascos normados.
Asimismo, el Estado dominicano ofrecería facilidades administrativas e incentivos fiscales para motivar la instalación de empresas dedicadas a la fabricación o ensamblaje de estos cascos en territorio nacional.
El artículo 6 de la pieza legislativa prioriza a los sectores laborales más vulnerables sobre las dos ruedas, como los motoconchistas y repartidores (deliverys), facilitando su adquisición a precios asequibles. Además, faculta al Poder Ejecutivo a otorgar subsidios parciales durante los primeros 18 meses de la ley, dirigidos especialmente a los conductores de menores ingresos.
Por otra parte, la iniciativa instruye al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) a desarrollar campañas nacionales de concientización y propone declarar el primer domingo de agosto como el «Día Nacional del Motociclista Seguro».
Esta propuesta llega en momentos en que la Normativa Técnica 001-2025 del INTRANT —que regula los estándares de los cascos desde octubre del año pasado— presenta un retraso de más de 200 días en su aplicación plena. Al respecto, el director del Intrant, Milton Morrison, aclaró que su implementación será gradual, dando prioridad a la educación ciudadana antes de proceder con las multas y fiscalizaciones.
Para asegurar el abastecimiento y la libre competencia, Morrison informó que se permitirá la importación y comercialización de cascos homologados certificados bajo los estándares de al menos diez países, entre ellos China, Vietnam, Colombia, India, Japón, Brasil, Reino Unido y Estados Unidos, lo que contribuirá a abaratar los costos en el mercado local antes de que su uso pase a ser estrictamente obligatorio.