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El director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, aseguró este miércoles que todos los directores del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) han firmado las adendas al contrato con la empresa Dekolor, las cuales han sido cuestionadas por la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República.
El contrato, correspondiente a la expedición de licencias de conducir, fue firmado en diciembre de 2019 y entró en vigencia en enero de 2020, bajo la dirección de Claudia Franchesca de los Santos, quien fue sucedida por Rafael Arias en agosto de ese año y luego por Hugo Beras en agosto de 2022.
“Ese proceso lo han firmado todos los directores del Intrant desde la vigencia del contrato. Todas las adendas fueron suscritas por los titulares de esa institución”, expresó Pimentel tras salir de una reunión con la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, en la sede de la Procuraduría General de la República.
Pimentel también defendió la potestad legal del Intrant para convocar una nueva licitación pública, tras la expiración del contrato con Dekolor, y calificó como “un invento más” a la versión ofrecida por abogados de la empresa, quienes alegan que no se puede realizar el proceso debido a una deuda superior a 700 millones de pesos por parte del Estado.
“Lo que hay que evitar es que el entramado de corrupción instalado alrededor de ese servicio permanezca y se perpetúe en el tiempo”, señaló el funcionario.
Informe sobre el Inabie
Durante su visita al Ministerio Público, Pimentel también depositó un informe exhaustivo sobre presuntas violaciones normativas en tres procesos de licitación del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), relacionados con la compra de zapatos y otros artículos del uniforme escolar. Los procesos investigados fueron ejecutados en los últimos tres meses y envuelven miles de millones de pesos, según explicó.
Este caso se suma a las investigaciones en curso sobre el contrato con Dekolor, que han destapado graves irregularidades en su ejecución, incluyendo presuntos ofrecimientos de sobornos, según informes previos de la Contraloría y denuncias ante la justicia.