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El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) fijó su posición institucional frente a las observaciones realizadas por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia) y otras entidades sobre la propuesta de modificación a la Ley No. 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos.
Trajano Potentini, presidente del CARD, afirmó que si bien la protección de la libre competencia es importante, esta debe subordinarse al interés colectivo y a los principios constitucionales que salvaguardan el medio ambiente y la salud pública. En ese sentido, advirtió que aplicar criterios meramente económicos a la gestión de residuos sólidos podría desvirtuar los propósitos fundamentales de dicha normativa.
“La gestión de residuos no es una actividad cualquiera. Es un servicio esencial que impacta directamente la vida, la salud y el entorno de la ciudadanía. La competencia no puede anteponerse al derecho a un medio ambiente sano, a la seguridad jurídica de las inversiones ni a la eficacia operativa del sistema”, afirmó el presidente del gremio.
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Potentini defendió la posibilidad de que un solo proveedor opere por región los rellenos sanitarios, señalando que esta medida no busca favorecer monopolios, sino garantizar inversiones a largo plazo, control técnico, eficiencia operativa y la instalación de infraestructuras adecuadas para una disposición segura y sostenible de los residuos.
“En estos casos no se trata de fomentar competencia por sí misma, sino de promover eficiencia y asegurar resultados. Cuando el Estado regula con visión técnica, con transparencia y con participación social, lo que hace es garantizar derechos, no restringir libertades”, manifestó.
