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CARD propone reforma a la ley de residuos sólidos priorice el bienestar público

“Ciertamente Pro-Competencia más tiene que ver con un entorno de naturaleza eminentemente privada a partir del tema económico, por eso hay que entender, hay que asimilar, de que se trata de un servicio esencial señores, estamos hablando de la salud, estamos hablando del medioambiente”, dijo Vidal Potentini en El Sol de la Mañana de RCC Media. 

Joseiri Novas
Joseiri Novas
1 abril, 2025 - 12:04 PM
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El presidente del Colegio de Abogados, Trajano Vidal Potentini, en El Sol de la Mañana de RCC Media.
Medio Ambiente
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A propósito de las observaciones emitidas por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia) y otras instituciones, con relación a las propuestas de modificación de la Ley No. 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, el presidente del Colegio de Abogados, Trajano Vidal Potentini, propone que se priorice el bienestar público sobre intereses económicos. 

“Ciertamente Pro-Competencia más tiene que ver con un entorno de naturaleza eminentemente privada a partir del tema económico, por eso hay que entender, hay que asimilar, de que se trata de un servicio esencial señores, estamos hablando de la salud, estamos hablando del medioambiente”, dijo Vidal Potentini en El Sol de la Mañana de RCC Media.

Potentini defendió la posibilidad de que un solo proveedor opere por región los rellenos sanitarios, señalando que esta medida no busca favorecer monopolios, sino garantizar inversiones a largo plazo, control técnico, eficiencia operativa y la instalación de infraestructuras adecuadas para una disposición segura y sostenible de los residuos.

Asimismo, abogó por impulsar los proyectos integrados que combinen plantas de valorización con rellenos sanitarios, como fórmula moderna y funcional para enfrentar el problema de los residuos. Dijo que esta sinergia reduce costos, evita contaminación y permite una gestión más ordenada, supervisada y eficiente.

Respecto a la duración de los contratos, Potentini señaló que los plazos de 3 a 5 años son insuficientes para garantizar el retorno de la inversión privada en un sector de alta complejidad y riesgo. Propuso contratos más largos, bajo una estricta fiscalización estatal, que ofrezcan confianza jurídica y estabilidad financiera a los inversionistas.

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