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El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) declaró el 2025 como el año del "Retroceso Judicial" al señalar que el país enfrenta una justicia costosa, lenta y deficiente, que niega derechos fundamentales tanto a los ciudadanos como a los profesionales del derecho.
Durante la Marcha Nacional por la Dignidad del Abogado y el Acceso a la Justicia, celebrada frente a la Suprema Corte de Justicia por el Día del Poder Judicial, el gremio denunció las serias deficiencias estructurales en el sistema judicial, destacando la falta de presupuesto, la mora judicial y las barreras para acceder a una justicia eficiente y rápida. La marcha fue calificada por el CARD como cívica y pacífica.
El presidente del CARD, Trajano Potentini, expresó que la movilización refleja la profunda preocupación del gremio ante situaciones que, a su juicio, amenazan el estado social y democrático de derecho. Identificó problemas como la lentitud en los procesos, la falta de ejecución de sentencias, la debilidad institucional en la jurisdicción administrativa y la precarización del ejercicio profesional de los abogados.
Durante la manifestación, se presentaron múltiples reclamos, entre ellos un salario mínimo de 60,000 pesos para los abogados que trabajan en el Poder Judicial, el respeto al escalafón judicial, mejoras en las condiciones laborales para jueces y servidores judiciales, y la oposición a la reubicación de la Tercera Sala de la Corte de Apelación de la provincia Santo Domingo a Los Mameyes, argumentando que esto complicaría el acceso a la justicia.
Además, el CARD demandó la apertura de los Tribunales Superiores Administrativos de Primera Instancia, existentes en la Constitución desde hace más de 15 años. Exigió el fin de la administración de justicia en condiciones precarias, así como reformas urgentes en la jurisdicción inmobiliaria, donde denunciaron excesivas trabas burocráticas.
El gremio también pidió capacitación y herramientas tecnológicas para facilitar la virtualización de la justicia, así como un incremento en el presupuesto para el Poder Judicial. Criticó la rendición de cuentas del Poder Judicial, al considerar que se basa en cifras que no reflejan la realidad de la población, marcada por desigualdad en la aplicación de la ley e impunidad en casos de criminalidad de cuello blanco.
Finalmente, el CARD solicitó al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, que al concluir su mandato institucional, deje como legado la creación de los Tribunales Superiores Administrativos de Primera Instancia, considerados por el gremio como cruciales para garantizar un acceso efectivo a la justicia y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos.