El canciller panameño, Javier Martínez-Acha, afirmó ayer domingo que países como Portugal, Ghana y Argentina «entienden la realidad» de Panamá y «reconocen, sin ninguna duda», su soberanía sobre el Canal, el cual ha sido objeto de amenazas por parte del presidente de EE.UU., Donald Trump, quien alega una influencia china que es negada por las autoridades del país centroamericano.
Martínez-Acha aprovechó su presencia en la entronización del papa León XIV para «saludar al primer ministro de Canadá, Mark Carney, y al presidente de Paraguay, Santiago Peña», y conversar «con los ministros de Relaciones Exteriores de Portugal, Paulo Rangel; de Ghana, Samuel Okudzeto Ablakwa; de Argentina, Gerardo Werthein; de Chile, Alberto van Klaveren; y de Costa Rica, Arnoldo Tinoco».
«Intercambiamos opiniones con jefes de Estado, primeros ministros y cancilleres, quienes están en sintonía con Panamá y nuestra causa. Expresaron una gran solidaridad con nuestro país porque entienden perfectamente nuestra realidad y reconocen, sin ninguna duda, que el Canal es nuestro», declaró Martínez-Acha, según informó un comunicado oficial.
Se recuerda que el Canal de Panamá ha estado en los últimos meses en el centro de una controversia con Trump, quien afirma que lo recuperará para EE.UU. debido a la influencia de China en la vía. Sin embargo, el presidente panameño, José Raúl Mulino, ha negado reiteradamente esta posibilidad.
Asimismo, al inicios del siglo XX, EE.UU. construyó el Canal y lo operó durante más de 80 años, hasta su traspaso a Panamá hace 25 años, tal como lo establecieron los Tratados Torrijos-Carter de 1977. La vía se rige por un Tratado de Neutralidad que está vigente desde octubre de 1979 y ha sido suscrito por unos 40 países.
Estados Unidos es el principal usuario del paso navegable de 82 kilómetros, con más del 70 % de la carga que lo cruza teniendo origen o destino en ese país. Le siguen China y Japón.
En este contexto, las autoridades de seguridad de Panamá y EE.UU. firmaron recientemente unos acuerdos que han sido objeto de controversia en el país centroamericano, ya que amplían la presencia temporal y rotativa de personal militar estadounidense.