Cancelar licitaciones genera pérdidas y frena inversión pública, dice Eduardo Núñez

“Cada vez que se cancela un proceso de contratación pública, no es simplemente la cancelación, también implica una pérdida no solamente de tiempo, sino también de recursos económicos y de recursos humanos… hay expectativas que se rompen”, advirtió el abogado Eduard Núñez durante su participación en El Sol de la Mañana, al abordar el impacto de la paralización administrativa en el Estado.

El jurista explicó que, detrás de cada proceso de contratación, existe un ciclo técnico que incluye estudios, planificación y participación de oferentes, por lo que su cancelación no solo detiene la ejecución de obras o servicios, sino que deja pérdidas acumuladas sin resultados concretos para la sociedad.

Núñez cuestionó que, en muchos casos, estas decisiones no responden a criterios legales o técnicos, sino al temor de las autoridades ante posibles cuestionamientos públicos. “Muchas veces esa cancelación ocurre sobre la base del escándalo o de evitar la próxima portada”, afirmó, al advertir sobre el impacto del costo reputacional en la toma de decisiones.

En ese sentido, sostuvo que el enfoque mediático no debe sustituir el análisis técnico dentro de los procesos de compras públicas. “El escándalo por sí mismo no es un criterio reconocido por la ley”, puntualizó, en referencia al marco normativo vigente en materia de contrataciones.

Importante:

• “Cancelar procesos genera pérdidas”
• “El escándalo no es criterio legal”
• “Sin contratación no hay inversión”

El especialista también subrayó que esta práctica afecta directamente la inversión pública, al recordar que el Estado ejecuta sus proyectos a través de estos mecanismos. “Si el Estado no contrata, entonces no puede invertir”, explicó, al señalar que la cancelación reiterada de procesos genera un efecto negativo en la ejecución de políticas públicas.

Advertencia

Asimismo, advirtió que la combinación de burocracia y temor a la crítica puede derivar en una administración ineficiente. “Si actuamos con miedo, lo que vamos a tener es un Estado totalmente infuncional”, sostuvo.

Núñez insistió en que el equilibrio debe estar entre la transparencia y la eficacia, reconociendo la importancia de la veeduría pública, pero sin que esta derive en decisiones precipitadas que perjudiquen el interés general. “Es tan preocupante un proceso irregular como la cancelación de un proceso por un escándalo mediático sin justificación”, concluyó.