La Cámara de Diputados de la República Dominicana ha enviado a una comisión especial el proyecto de ley que autoriza el pago de deudas a pequeños contratistas por obras ejecutadas sin contrato formal.
Esta legislación afecta a áreas como mantenimiento de escuelas, supervisión de proyectos y trabajos de asfaltado.
La ley había sido observada por el presidente Luis Abinader, quien devolvió el proyecto al Congreso el pasado 16 de enero, debido a consideraciones constitucionales y presupuestarias.
El objetivo de la ley es regularizar los pagos pendientes derivados de trabajos públicos realizados por el Estado, sin un contrato formal o aprobación presupuestaria, y garantizar la transparencia en el uso de los fondos públicos.
El presidente Abinader destacó en su observación que la ley presenta violaciones a los principios fundamentales de la Constitución, como la legalidad presupuestaria y la responsabilidad fiscal.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, recibió una carta del Ejecutivo que detalla los puntos de la observación, señalando la falta de claridad en las deudas y el riesgo de afectar la estabilidad fiscal del país.
En respuesta, la Cámara ha conformado una comisión especial para revisar la legislación, presidida por la vicepresidenta Dharuelly D’Aza, y compuesta por varios diputados.
La ley en cuestión busca saldar deudas en varios sectores del gobierno, incluidos el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Educación, el INAVI, la JCE, y otros organismos, con el objetivo de regularizar las obligaciones pendientes y asegurar que el uso de los recursos públicos sea transparente y legal.
El presidente Luis Abinader expresó que la ley no garantiza la disponibilidad de fondos para cubrir las deudas y no asegura que las obligaciones sean líquidas, ciertas ni exigibles. Además, subrayó que no se debe permitir el pago de estas deudas sin una revisión exhaustiva de los acreedores y sin contar con los recursos presupuestarios necesarios.
El Ministerio de Hacienda también indicó que no tiene reservados los fondos necesarios para llevar a cabo dichos pagos.
La ley también ha generado controversia, ya que, en su última versión, no contó con el apoyo de la oposición en la Cámara de Diputados.
De ser aprobada, permitirá al Estado reconocer y pagar las deudas de manera excepcional y por única vez, con el objetivo de normalizar los pagos de obras realizadas sin la debida formalización o sin los permisos correspondientes.