La presidenta de la Cámara de Cuentas, la Dra. Emma Polanco, indicó que los nuevos integrantes del Pleno de ese órgano informaron que encontraron 249 auditorías en estado crítico: algunas apenas iniciadas, otras paralizadas y unas concluidas, pero nunca presentadas al Pleno. “Retomamos todos esos procesos conforme a la Constitución y a la Ley 10-04. Designamos un equipo con experiencia para verificar la veracidad de la información antes de aprobarlas”.
La titular del órgano indicó en sus primeros 100 días de gestión, que en los últimos ocho años, apenas fueron aprobadas ocho auditorías y que en cambio, en solo tres meses de gestión, el nuevo equipo ha logrado aprobar y publicar 14, de las cuales 11 corresponden a gestiones pasadas y tres al gobierno actual.
Polanco Melo, encabezó la presentación junto a los miembros Francisco Tamárez, vicepresidente, Francisco Franco, miembro 3; Ramón Méndez, miembro 4 y Griselda Gómez, miembro 5 y el director de Auditoría, Fabio Roa. Todos coincidieron en que encontraron una institución debilitada, desorganizada y con baja productividad, pero que están encaminados hacia una renovación profunda, con énfasis en la eficiencia, la legalidad y la transparencia.
De acuerdo a datos trabajados por la periodista Hainan Reynoso Uribe, del periódico Hoy, la nueva directiva de la institución comenzó a transformar a fondo el órgano constitucional responsable de auditar el uso de los fondos públicos. Lo expresaron durante su participación en el almuerzo semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, donde presentaron avances concretos en auditorías, tecnología, personal y gobernanza institucional.
A la par con los logros en auditoría, los miembros del Pleno informaron sobre cambios sustanciales en la parte tecnológica. “Lo que encontramos fue un cementerio de equipos. Computadoras dañadas, sistemas desactualizados y sin soporte. Ahora estamos modernizando toda el área y funcionando con firma digital”, afirmó Polanco.
También explicaron que la Cámara cuenta con un software internacional especializado en auditoría sin papel, que encontraron con la licencia vencida, pero ya están utilizando. Su meta es que, en un plazo de dos años, toda la institución opere sin uso de papel.
El vicepresidente del órgano, Francisco Tamárez, aseguró que el área de Recursos Humanos fue otra prioridad. “Nos encontramos con un ambiente laboral tóxico. Más de 170 auditores habían renunciado. La gente se sentía insegura, con salarios deprimidos y sin condiciones de trabajo”. Agregó que para revertir esa situación, se implementaron mejoras salariales, se habilitó un comedor, se fortaleció el seguro médico y se inició un proceso de captación de nuevos talentos.
Tamárez también explicó que uno de los principales cuellos de botella en la productividad era la rigidez de las normas técnicas internas. “Queremos auditorías más ágiles, que se enfoquen en lo esencial. No es posible que una auditoría dure un año en un ministerio. Cuando el informe sale, ya es historia”, dijo. Por eso están revisando las guías y procesos internos para reducir los tiempos de ejecución. También anunciaron la creación de una nueva unidad especializada en auditoría forense, con la finalidad de atender los requerimientos del Ministerio Público en investigaciones especiales.
La presidenta señaló que han recibido múltiples solicitudes, como la del caso denominado Operación Lobo, y se están atendiendo con prioridad. Sobre las declaraciones juradas de bienes, los miembros del Pleno dijeron haber logrado que 800 funcionarios omisos cumplieran con esta obligación en los primeros tres meses de gestión.
“Simplificamos el formulario, lo hicimos más amigable. Antes era tan complejo que parecía una auditoría. Quitamos 120 campos innecesarios”, detalló Francisco Franco, responsable del área jurídica. Además, han llevado a cabo jornadas provinciales para asistir personalmente a servidores públicos que no tienen acceso a plataformas tecnológicas o desconocen el procedimiento. En cuanto a las sanciones, explicaron que el incumplimiento conlleva la retención del salario, y en caso de falsedad u omisión de bienes, puede derivar en una infracción penal.
Un tema recurrente durante el almuerzo fue la percepción de que la Cámara de Cuentas actúa como un ente persecutor. Sobre eso, los funcionarios fueron enfáticos en que su rol es técnico, no judicial. “La auditoría tiene por objetivo emitir una opinión sobre los estados financieros y hacer recomendaciones a la gerencia. No estamos para perseguir a nadie”, precisó Fabio Roa.
Tamárez agregó que las fallas estructurales del pasado obedecen en gran parte a la debilidad del control interno que debería ejercer la Contraloría General de la República.
“El problema es que llegamos cuando el daño está hecho. Si el control previo funcionara, nuestro trabajo sería más preventivo que correctivo”. Una de las apuestas más ambiciosas del nuevo equipo es alcanzar la interoperabilidad con los sistemas de otras instituciones del Estado, como Presupuesto, Contraloría, Crédito Público, Compras y Contrataciones y Contabilidad.
“Esto nos permitirá tener trazabilidad del dinero público en tiempo real y hacer auditorías más eficientes y preventivas”, explicó Griselda Gómez.
Los miembros de la Cámara de Cuentas reiteraron que están comprometidos con una gestión responsable, abierta a la ciudadanía y orientada a recuperar la confianza en un órgano que, reconocen, ha estado marcado por escándalos y conflictos internos en el pasado.