x
El procurador adjunto y director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, afirmó que las decisiones en el proceso contra los imputados de la operación Cobra deben adoptarse con base en el derecho y no en argumentos emocionales.
Sus declaraciones se produjeron durante el conocimiento de la medida de coerción por el presunto desfalco de más de 15 mil millones de pesos al Seguro Nacional de Salud (Senasa).
Camacho sostuvo que los imputados no se presentaron por iniciativa propia ni por un acto de reflexión moral, sino como resultado directo de la investigación del Ministerio Público. “Se detienen porque los detuvimos”, expresó, al insistir en que el tribunal debe valorar los hechos desde una perspectiva jurídica, sin apelar a la “lástima” ni a discursos sentimentales.
El magistrado recalcó que el proceso penal exige objetividad y que las decisiones deben responder a las pruebas y a la conducta procesal de cada imputado.
El titular de Persecución cuestionó las declaraciones de algunos imputados sobre una eventual disposición a colaborar con la investigación. A su entender, prometer cooperación futura no tiene valor legal y constituye una forma de presión indebida dentro del proceso. “La colaboración del futuro no existe, no es útil ni es eficaz”, afirmó.
Camacho explicó que la colaboración válida debe ser inmediata, comprobable y acompañada de información concreta y pruebas que aporten al esclarecimiento del caso. Señaló que quien decide cooperar no obstaculiza la investigación, porque ya ha entregado los elementos necesarios al Ministerio Público.
El procurador adjunto calificó como hipócrita ofrecer colaboración sin materializarla y recordó que, según su experiencia, quienes realmente desean cooperar lo hacen sin intermediarios ni anuncios públicos. “El que quiere colaborar, se para y colabora”, sostuvo.
Camacho indicó que el ordenamiento jurídico establece consecuencias claras según la conducta de los imputados. Subrayó que solo una cooperación efectiva puede generar expectativas razonables dentro del proceso penal.
Finalmente, reiteró que el Ministerio Público cumple sus compromisos cuando la colaboración es real y útil para la justicia, y que cualquier decisión debe basarse en hechos verificables y no en promesas sin sustento.