Camacho: "Habrá más acuerdos cuandoa cordar sea mejor que ir a juicio"
Las conciliaciones en casos penales ayudan a descongestionar tribunales y han permitido a acusados devolver grandes cantidades de dinero. Un ejemplo es el caso de Maxy Montilla, implicado en corrupción.
El titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, aseguró que continuarán los acuerdos con imputados cuando estos resulten más convenientes que llevar los casos a juicio, al considerar que las conciliaciones son necesarias para el sistema judicial.
Camacho hizo la afirmación en un mensaje publicado en su cuenta de X, donde sostuvo que las soluciones alternas en los procesos penales son indispensables para el funcionamiento del sistema adversarial en República Dominicana.
Conciliaciones para descongestionar tribunales
El Ministerio Público, el Poder Judicial y la Oficina Nacional de Defensa Pública han respaldado desde 2002 las soluciones alternas contempladas en el Código Procesal Penal. Sin embargo, han señalado que estas no son frecuentes debido a la cultura litigiosa del país.
Las autoridades sostienen que un aumento de los acuerdos contribuiría a descongestionar los tribunales y agilizar los procesos judiciales.
En los últimos cinco años, varios casos de corrupción han evidenciado el uso de estas conciliaciones, en las que decenas de acusados han negociado con el Ministerio Público a cambio de penas menores y la devolución de grandes sumas de dinero.
Acuerdos en casos de corrupción
Uno de los casos citados es el de Maxy Gerardo Montilla Sierra, cuñado del expresidente Danilo Medina, quien devolvió más de 3,000 millones de pesos en bienes y efectivo, y obtuvo un criterio de oportunidad. Montilla era suplidor de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE).
Según los documentos, el acuerdo implicaba que Montilla Sierra testificara contra otros implicados en una presunta estafa a las EDE, que incluiría a exfuncionarios. Cuando se presentó la querella en 2021, se indicó que el fraude superaba los 20,000 millones de pesos, caso sobre el cual la Procuraduría General de la República no ha ofrecido nuevos detalles.
