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El procurador fiscal adjunto y director nacional de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, expresó que el Poder Judicial aboga en teoría por la necesidad de alcanzar más acuerdos en el proceso penal, pero en la práctica emite decisiones contradictorias que podrían desincentivar la formalización de estos pactos con el órgano acusador.
Esta declaración surgió en respuesta a la medida de coerción de prisión domiciliaria impuesta por el juez Rigoberto Sena a los catorce acusados en el caso Lobo, una supuesta red dedicada a distribuir sobornos a cambio de obtener contratos de seguridad privada con diversas instituciones públicas.
Camacho dijo que hay al menos tres elementos a resaltar: que los imputados del proceso quedaron privados de libertad, que el tribunal decretó la complejidad del caso, y que seguirán realizando acuerdos con los imputados en todas las etapas.
El funcionario judicial señaló que en la dinámica de contratación de seguridad de este esquema de sobornos hay más elementos de los que se presentaron en las audiencias de solicitud de medida de coerción, advirtiendo que se tomarán acciones contra todos, sin descartar la posibilidad de un caso Lobo 2.0.