California presentó este martes dos demandas contra la orden del Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de retener miles de millones de dólares en subvenciones para el transporte y la preparación para emergencias si el Estado Dorado no colabora con su política migratoria.
“El presidente Trump no tiene la autoridad para coaccionar ilegalmente a los gobiernos estatales y locales para que utilicen sus recursos en la aplicación de las leyes migratorias federales, y su último intento de intimidarlos para que lo hagan es manifiestamente ilegal”, afirmó Bonta.
El fiscal explicó que Trump ha amenazado con retirar fondos para mejorar las carreteras y el transporte aéreo, si el estado y sus ciudades no destinan recursos para contribuir con su política migratoria de deportaciones masivas.
La Casa Blanca también ha amenazado con retener recursos destinados a emergencias y preparación contra ataques terroristas.
“Está utilizando estos fondos, que no tienen nada que ver con la aplicación de las leyes migratorias y sí con la seguridad de nuestras comunidades, como moneda de cambio”, subrayó Bonta.
California recibe más de 15.700 millones de dólares en subvenciones del Departamento de Transporte (DOT). La cifra incluye 5.700 millones en fondos para el mantenimiento y la construcción de carreteras, y 2.000 millones para sistemas de transporte en comunidades urbanas y rurales de todo el estado.
Ni el propósito ni los criterios de estas subvenciones están relacionados de ninguna manera con la aplicación de la ley migratoria, recalca la demanda contra el DOT.
El Estado Dorado también recibe alrededor de 20.000 millones en fondos del Departamento de Seguridad Interna (DHS) para prepararse, responder y recuperarse de ataques terroristas y otras catástrofes. Esto incluye subvenciones a las fuerzas del orden estatales y locales, que ya colaboran “estrechamente” con las agencias federales en las medidas antiterroristas que financian estas subvenciones, alega la querella legal contra el DHS.
Bonta recalcó que estos recursos son asignados por el Congreso, no por el Ejecutivo, y el presidente no decide cómo se gasta el dinero federal.