Los cacerolazos que han comenzado a escucharse en distintos puntos del país no hablan únicamente de un caso policial, de una ley o de una reforma fiscal. Hablan de algo más amplio y más difícil de ignorar: la acumulación de inconformidades que, tarde o temprano, termina encontrando la manera de hacerse escuchar.
No soy economista ni politóloga. Tampoco pretendo serlo. De política y economía sé lo que sabe mucha gente que lee los periódicos, escucha las noticias, paga cuentas y trata de entender por qué el dinero parece alcanzar cada vez para menos. Pero leo. Escucho. Pregunto. Y hay cosas que, incluso para quienes no somos especialistas, terminan siendo bastante fáciles de comprender.
La primera es que los pueblos rara vez se movilizan por una sola razón.
La muerte de Darlin Mercado, el joven que perdió la vida a manos de un agente policial, fue la chispa que encendió varias noches consecutivas de cacerolazos y que terminó desembocando en la multitudinaria concentración celebrada en la Plaza de la Bandera. Pero sería un error pensar que todo comenzó y termina ahí.
Las pancartas hablaban de muchas cosas al mismo tiempo: de abusos policiales, del alto costo de la vida, de impuestos, de salarios que no alcanzan y de las preocupaciones que ha generado el nuevo Código Penal, especialmente en lo relativo a las disposiciones sobre difamación y ultraje a funcionarios públicos.
No es casual que una parte importante de la población haya comenzado a referirse a esa legislación como una «Ley Mordaza». Más allá de si el término es jurídicamente correcto, lo cierto es que refleja un temor real: que la crítica pueda terminar castigándose y que denunciar se convierta en una actividad cada vez más riesgosa.
Detrás de cada consigna hay algo mucho más sencillo de entender que cualquier debate legislativo: familias haciendo cuentas en la mesa del comedor, personas revisando precios antes de llenar el carrito del supermercado y ciudadanos preguntándose si las prioridades del país coinciden realmente con las prioridades de quienes lo gobiernan.
Diversos juristas, organizaciones sociales y sectores de la sociedad civil han expresado preocupación por algunos aspectos del nuevo Código Penal y han solicitado su revisión. De hecho, el propio Poder Ejecutivo manifestó posteriormente su disposición a revisar varias de las disposiciones cuestionadas.
La política tiene estas particularidades: hay debates que parecen inmóviles durante meses y, de repente, avanzan con rapidez cuando llegan a las calles.
Algo parecido ocurrió con la reforma fiscal.
Mientras algunas discusiones permanecieron durante meses entre estudios, consultas y observaciones, la reforma tributaria avanzó con una rapidez que llamó la atención de muchos sectores. Los impuestos sobre determinadas transacciones aumentaron y el Estado defendió la necesidad de recaudar más recursos para sostener sus compromisos financieros y su capacidad de inversión.
Todo ello puede tener explicaciones técnicas perfectamente válidas. El problema es que la vida cotidiana también tiene las suyas.
Según cifras del Banco Central, la canasta básica familiar cerró mayo de 2026 en RD$49,268.36, mientras el salario mínimo de las grandes empresas permanece en RD$29,988 mensuales. La diferencia ronda los veinte mil pesos.
Dicho de otra manera: faltan casi veinte mil pesos para que las cuentas cuadren.
En el quintil de menores ingresos la situación resulta todavía más reveladora. La canasta básica alcanza prácticamente el mismo monto del salario mínimo. Y no hace falta ser economista para entender lo que eso significa.
Hay realidades que no necesitan gráficos ni modelos matemáticos. Basta con mirar la factura del supermercado.
En las aulas, el malestar también tiene sus propias razones. La reciente Evaluación de Desempeño Docente estuvo marcada por retrasos, problemas técnicos y cuestionamientos por parte del magisterio. A ello se suma la incertidumbre en torno a los incentivos salariales vinculados al proceso, que después de concluidas las evaluaciones aún no tienen fecha clara de aplicación ni un calendario oficial que permita a los docentes saber cuándo llegarán.
Por eso resulta simplista reducir lo que está ocurriendo a un episodio aislado o atribuirlo exclusivamente a intereses políticos.
Las sociedades no suelen movilizarse porque alguien se los ordene. Se movilizan cuando distintas frustraciones, que durante mucho tiempo parecían separadas, terminan encontrándose en un mismo lugar.
Todavía es temprano para saber cuánto durará el eco de estos calderos o qué forma tomará el descontento en las próximas semanas. Pero hay algo que sí parece claro: cuando demasiadas personas comienzan a decir lo mismo al mismo tiempo, lo prudente no es preguntarse quién las organizó, sino qué fue lo que las hizo salir.
Porque cuando una sociedad siente que no está siendo escuchada, termina encontrando la manera de hacerse oír. Y, a veces, esa manera cabe perfectamente dentro de un caldero.