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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reforzó este martes su política de mano dura contra las pandillas mediante una reforma constitucional que permite imponer cadena perpetua a homicidas, violadores y terroristas, en un país que registra la mayor tasa de encarcelamiento del mundo.
La iniciativa fue presentada al Congreso días después de que diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) acusaran al mandatario de cometer “crímenes de lesa humanidad” por su estrategia de seguridad, la cual ha sido observada por otros países de América Latina como modelo a seguir.
Según la enmienda aprobada por 59 de los 60 diputados, la pena de prisión perpetua se aplicará exclusivamente a los criminales que cometan homicidios, violaciones o actos terroristas. Con ello se elimina la restricción constitucional que limitaba la condena máxima a 60 años, además de los mecanismos de reducción de sentencia. La vicepresidenta parlamentaria, Suecy Callejas, explicó que la reforma busca garantizar que los criminales “no salgan a la calle y cumplan su condena para siempre”.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, presentó la medida en nombre de Bukele, reiterando que la “guerra sin cuartel contra los terroristas no se detiene”, en referencia a las pandillas. La acción se da pocos días antes de que se cumplan cuatro años del régimen de excepción, que ha llevado a la detención de 91.500 personas sin orden judicial por supuesta vinculación con pandillas.
Bukele ha dejado claro que no cree en la reinserción de los pandilleros. “La pertenencia a una pandilla es un delito continuado; las mismas reglas de las pandillas establecen que nadie deja de ser miembro hasta el día de su muerte”, afirmó la Presidencia.
Organizaciones como Socorro Jurídico han advertido sobre la existencia de miles de inocentes encarcelados, y reportan que cerca de 500 reclusos han muerto en los últimos cuatro años. Según World Prison Brief, El Salvador tiene actualmente la mayor población carcelaria del mundo, con aproximadamente 1.700 presos por cada 100.000 habitantes.
El régimen de excepción es la piedra angular de la política de seguridad de Bukele, que ha reducido la violencia de manera histórica, aunque ha sido señalado por graves violaciones a los derechos humanos tanto por ONG nacionales como internacionales.
Recientemente, un grupo de juristas internacionales denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que los “crímenes de lesa humanidad” cometidos incluyen tortura, asesinatos, desapariciones forzadas, violencia sexual y persecución sistemática.
Por su parte, Human Rights Watch (HRW) denunció que al menos 11 migrantes salvadoreños deportados desde EE. UU. permanecen en “desaparición forzada”, junto con 252 venezolanos acusados sin pruebas de pertenecer a pandillas.
En el Congreso, Villatoro arremetió contra las organizaciones de derechos humanos, calificándolas de “demonios que representan la maldad, la pobreza y la inseguridad” y de “bufetes legales internacionales del crimen”, en referencia a sus críticas contra el gobierno.
El modelo de seguridad de Bukele ha logrado desarticular a las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, declaradas organizaciones terroristas por Estados Unidos y El Salvador, que anteriormente controlaban territorios, cometían asesinatos y extorsionaban a la población.
“Se nos ha cuestionado el uso legítimo de herramientas para llevar paz a los salvadoreños. La seguridad, junto con la justicia, nos obliga a revisar el comportamiento de homicidios y violaciones”, justificó Villatoro la reforma.
No obstante, Amnistía Internacional, HRW y otras ONG nacionales e internacionales sostienen que el régimen de excepción también se ha usado para silenciar a defensores de derechos humanos y voces críticas del gobierno.