El inicio de 2026 ha estado marcado por tragedias familiares tras la muerte de al menos 21 mujeres a manos de sus parejas o exparejas, hechos que han dejado a decenas de niños y niñas en la orfandad. Según datos de la Fundación Vida sin Violencia, esta cifra triplica los casos registrados en el mismo período de 2025.
Hasta la fecha, la organización ha contabilizado 21 feminicidios cometidos por parejas o exparejas, lo que ha dejado al menos 20 menores sin uno o ambos padres como consecuencia de estos crímenes.
La directora de la entidad, Yanira Fondeur, advirtió que cada uno de estos hechos refleja una tragedia humana que afecta no solo a las víctimas, sino también a sus familias y a la sociedad.
Fondeur señaló que detrás de cada caso hay hijos e hijas que quedan huérfanos y dos familias profundamente afectadas, por lo que insistió en que este tipo de violencia no debe normalizarse ni ser visto únicamente como estadísticas.
Entre las mujeres asesinadas figuran Rosmery Sosa, de 30 años; Ismailyn Méndez, de 17; Santa Sepúlveda, de 32; Katherine Méndez, de 18; Guadrina Natus, de 24; Awilda Encarnación, de 16; Licairis Yanlibes Díaz Valenzuela, de 25; Silvia Pérez García, de 54; Erika Sánchez, de 21; Marilin Osmery Rodríguez, de 28; Noemí Suárez, de 21; Reinalda Carrasco, de 22; Violette Juan Baptiste, de 36; Ervelis Nova Ramírez, de 31; Darianny Lisbeth Mercedes, de 23; Fiardaliza Paca; Ana Luisa Rosario, de 52; Caroline Frías; Carolina Moscoso Camacho, de 39; Carmen Victoria Montero, de 45, y Wanda de la Rosa.
El primer feminicidio registrado en 2026 fue el de Rosmery Sosa Rodríguez, madre de tres niños de 30 años, quien murió tras recibir varias heridas de arma blanca presuntamente propinadas por su pareja el pasado 2 de enero.
Otro caso que generó gran impacto fue el asesinato de la profesora Santa Sepúlveda, de 32 años, ocurrido en la comunidad Los Mosquitos, en Yamasá. El crimen habría sido cometido por un hombre con quien mantenía una relación sentimental.
Familiares de la docente afirmaron que la víctima había sido objeto de amenazas constantes por parte del agresor, identificado como Bayardo Manzueta, luego de que ella expresara su intención de terminar la relación.
También se suma el asesinato de Katherine Méndez, de 18 años, quien murió tras ser atacada con un arma blanca presuntamente por su pareja en el sector Los Peralejos.
Un informe titulado Feminicidios en República Dominicana durante 2024: radiografía de la violencia feminicida 2016-2024, elaborado por la Fundación Global Democracia y Desarrollo con datos de la Procuraduría General de la República, indica que en los últimos nueve años se registraron 664,944 denuncias por violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales.
De ese total, solo 199,919 derivaron en órdenes de protección, lo que representa cerca del 30 % de los casos.
El documento también señala que cada año se presentan alrededor de 73,883 denuncias relacionadas con este tipo de violencia, mientras que se emiten aproximadamente 22,213 medidas de protección.
Por su parte, el Observatorio de Registro Civil de la Junta Central Electoral reportó que en lo que va de 2026 se han emitido 188 actas de defunción por homicidios, de las cuales 34 corresponden a mujeres; siete de estos casos ocurrieron en el Distrito Nacional.
En cuanto a la persecución de los agresores, la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar ejecuta cada año miles de órdenes de arresto. Hasta ahora se han emitido más de 1,200 contra presuntos agresores, con una tasa de ejecución que supera con frecuencia el 70 %.
El caso más reciente ocurrió en el distrito municipal Comedero Arriba, en Fantino, donde un hombre presuntamente asesinó a su expareja y posteriormente se quitó la vida, hecho que ha causado consternación en la comunidad.
De acuerdo con informaciones preliminares, Manauri Castillo, conocido como “Manauri el carnicero”, habría llegado a la vivienda de su expareja, Wanda de la Rosa, y le disparó, provocándole la muerte.
Tras cometer el hecho, el hombre se habría suicidado.
Al lugar acudieron agentes de la Policía Nacional, miembros de la Dirección Central de Investigaciones Criminales, representantes del Ministerio Público y un médico legista para realizar el levantamiento de los cuerpos.
Posteriormente, ambos cadáveres fueron trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses en San Francisco de Macorís para los procedimientos correspondientes.