Santiago.– La Cámara de Cuentas de la República Dominicana reveló importantes irregularidades en la gestión financiera del Ayuntamiento Municipal de Santiago, correspondientes al período 2013-2015.
El informe de auditoría, aprobado en septiembre de 2025, expone desviaciones contables, desembolsos no justificados y múltiples violaciones a las normativas presupuestarias y de control interno, comprometiendo la responsabilidad administrativa y civil de varios funcionarios involucrados.
Entre los hallazgos más relevantes destacan:
- Excesos presupuestarios: se erogaron más de RD$795 millones por encima de los montos aprobados en el presupuesto.
- Ingresos no contemplados: se identificaron RD$577.5 millones en partidas de ingresos no incluidas en las estimaciones presupuestarias.
- Gastos personales sin soporte: se comprobó el uso de la tarjeta de crédito del alcalde sin documentación justificativa por más de RD$2 millones.
- Nóminas irregulares: 45 empleados figuraban simultáneamente en otras entidades del Estado, lo que generó pagos indebidos por más de RD$22 millones.
- Retenciones no entregadas: más de RD$5.6 millones de Impuesto sobre la Renta descontados a empleados no fueron remitidos a la DGII, además de RD$116,427 que no llegaron al CODIA y RD$1.5 millones al FOPETCONS.
- Donaciones y ayudas sin respaldo: se otorgaron RD$10.5 millones en ayudas y becas sin documentos que justificaran su pertinencia.
Obras con pagos en exceso: se detectaron sobrevaluaciones por RD$521,151 en proyectos de construcción.
El informe también advierte sobre pagos a funcionarios como suplidores, compras fraccionadas para evadir procesos de licitación y erogaciones por representación sin soportes válidos.
La Cámara de Cuentas concluye que estos hallazgos representan violaciones al régimen municipal, al Código Tributario y a la Ley de Compras y Contrataciones, comprometiendo la responsabilidad civil y administrativa de las autoridades de entonces. El caso será remitido al Ministerio Público para las acciones correspondientes.
- El órgano fiscalizador ordenó además al Ayuntamiento la elaboración de un plan de acción correctivo en un plazo de 25 días, con el fin de implementar controles internos que garanticen un manejo transparente y ajustado a la ley.