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Este martes es decisivo en el futuro legal del ex presidente Evo Morales (2006-2019), si no se presenta a la audiencia de medidas cautelares a la que fue convocado a las 09:30 en la ciudad sureña de Tarija, será declarado en rebeldía por la Justicia boliviana.
El ex mandatario está imputado por una acusación de trata de personas y estupro, por el supuesto embarazo de una adolescente en el año 2016 y la Fiscalía pide su detención preventiva por seis meses mientras se desarrollan las investigaciones.
“Hemos investigado de manera objetiva (…) y existe la probabilidad de autoría, existe peligro de fuga y obstaculización” manifestó ante la prensa local la fiscal que lleva el caso, Sandra Gutiérrez.
El proceso había sido inicialmente abierto durante el gobierno interino de Jeanine Añez (2019-2020) pero no prosperó. En septiembre de 2024 fue retomado por el Ministerio Público que libró una orden de captura contra el ex presidente que fue desestimada por una acción de libertad. Desde entonces, el líder cocalero ha permanecido en su bastión político bajo el resguardo de sus seguidores.
En octubre fue notificado para una citación a declarar a la que no asistió por “falta de garantías”, según sus abogados, y a finales de diciembre se lo convocó a la audiencia cautelar de este martes a través de un edicto público. La madre de la menor también está imputada y convocada a la audiencia, acusada de haber recibido favores políticos por la presunta vinculación entre el ex mandatario y su hija.
Este lunes los abogados de Morales anunciaron que su defendido no acudirá a la convocatoria de la Fiscalía porque “no fue notificado” y porque consideran que el proceso carece de base jurídica. En ese sentido, la fiscal Gutiérrez, advirtió que si no se presenta será declarado en rebeldía y un juez emitirá una nueva orden de captura.
La investigación está en la primera línea de la agenda noticiosa en Bolivia por las implicaciones políticas del caso y la tensión que genera en la disputa interna del Movimiento Al Socialismo (MAS). Este lunes se registró una jornada de enfrentamientos entre sus seguidores y la Policía en La Paz y Cochabamba en la que 23 personas fueron arrestadas y dos trabajadores de la prensa y un policía resultaron heridos, según información del Gobierno.
La protesta en La Paz reclamaba acciones frente a la crisis económica y la liberación de detenidos en movilizaciones anteriores, la de Cochabamba apuntaba a “recuperar” una sede sindical campesina. Sin embargo, para el Gobierno, la movilización buscaba la “impunidad de Morales” a horas de su audiencia judicial.
El ministro de Gobierno (Interior) de Bolivia y uno de los principales adversarios del líder cocalero, Eduardo Del Castillo, dijo “no es casual” que en la víspera de la audiencia cautelar un grupo de seguidores del ex presidente intente “generar convulsión” en el país.
Del Castillo también instó a Morales a presentarse ante la Justicia. “Nadie quiere matarlo, nadie quiere quitarle la vida, nadie quiere hacerle un rasguño, lo que queremos todos los bolivianos es hacer justicia, el señor Morales lo que tiene que hacer es presentarse el día de mañana con todos sus abogados y demostrar si es culpable o es inocente”, manifestó en conferencia de prensa.
Morales cuenta con una alerta migratoria y aunque nunca ha negado la comisión del delito del que se lo acusa, indicó que la denuncia es parte de una campaña de lawfare de parte de la administración de Arce para evitar que se presente a las elecciones presidenciales previstas para agosto de este año.
Implicaron a la fiscal y el ministro de Gobierno
En las últimas semanas, la historia dio un giro cuando la supuesta víctima de Morales hizo declaraciones desde la clandestinidad, en las que involucró a la fiscal Gutiérrez y al ministro Del Castillo, de haberla obligado a cambiar el apellido de su hija y a abandonar el país. “Los que dicen que buscan justicia son los que me persiguen”, manifestó la joven en un canal televisivo.
Gutiérrez rechazó estas declaraciones y las calificó de “maniobras” con el objetivo de evitar que la audiencia de este martes se lleve a cabo y sacarla a ella de la investigación. En tanto, consultado por periodistas locales, el ministro Del Castillo desdeñó las acusaciones diciendo que no era “el Día de Inocentes”.