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El Ministerio Público reveló que, a la llegada del imputado Santiago Marcelo Hazim Albainy a la Dirección Ejecutiva del Seguro Nacional de Salud (SENASA), se creó de manera arbitraria un Comité de Contrataciones Médicas que no existía dentro de la estructura institucional y que no tenía sustento legal, normativo ni procedimental. Según la investigación, esta estructura alteró por completo el mecanismo vigente para evaluar y aprobar prestadores de servicios de salud.
De acuerdo con la acusación, el comité fue conformado con los gerentes más cercanos al director: Francisco Iván Minaya (Gerente de Salud), Roberto Canaán (Gerente de Atención al Usuario), Gustavo Guilamo (Coordinador de Gabinete), Germán Robles (Consultor Jurídico) y Carmen José Velázquez (Gerente de Afiliación). El Ministerio Público sostiene que dicha estructura fue creada para concentrar las decisiones de contratación en un grupo reducido de colaboradores bajo la línea directa de autoridad de Hazim.
Las evidencias indican que el comité operó como un instrumento del imputado para favorecer selectiva y discrecionalmente a prestadores de salud vinculados a su círculo político, personal y económico, incluyendo allegados, relacionados y personas que presuntamente entregaban sobornos. El Ministerio Público afirma que dos asistentes cercanas del director, Johana Fernández y Johanna Grullón, llegaban a reuniones con listas predeterminadas de prestadores que debían aprobarse, usando expresiones como “eso es del CEO”, “eso es del Olimpo” o “vino respaldado”, consideradas órdenes inapelables.
La estructura funcionó de manera paralela al comité de compras establecido por la Ley 340-06, valiéndose de la Ley 87-01 para clasificar servicios no médicos como “servicios de salud” y así evadir restricciones y procedimientos.
El Ministerio Público comprobó que el imputado Santiago Marcelo Hazim Albainy se coalicionó con los gerentes Francisco Iván Minaya, Roberto Canaán, Germán Robles y Carmen José Velázquez, con el objetivo de desviar el proceso institucional de contrataciones para beneficiar prestadores vinculados a sus intereses personales, políticos y económicos.
Los fiscales señalan que actuaban como un bloque articulado, subordinado a las instrucciones del director ejecutivo, aprobando contratos para prestadores que no cumplían requisitos técnicos ni legales. Testimonios como el de la analista de contrataciones Nidia Esmeralda Valdez afirman que Hazim justificaba ciertas aprobaciones asegurando que el beneficiado “aportó en la campaña” o que “hay que ayudarlo”.
El Ministerio Público también estableció que se aprobaron prestadores que pagaban sobornos para entrar a la red de servicios de SENASA, configurando así un esquema ilícito operado desde la cúpula directiva.
Según la investigación, cada funcionario jugaba un rol dentro del entramado:
El Ministerio Público afirma que no actuaban por interés institucional, sino como instrumentos ejecutores de un esquema de corrupción, orientado a obtener ganancias políticas y económicas para el director ejecutivo y su red de aliados, en violación a la Constitución, la Ley 340-06 y la Ley 87-01.
Los fiscales concluyen que Santiago Hazim, Iván Minaya, Germán Robles, Roberto Canaán y Carmen José Velázquez conformaron una asociación ilícita para manipular procesos de contratación de prestadores, sustituyendo criterios técnicos por criterios políticos, personales y económicos, incluso mediante ventas de decisiones a través de sobornos.
Este mecanismo permitió aprobar centros sin habilitación, sin documentos o incluso no prestadores, únicamente por conveniencia política o económica. Entre las entidades mencionadas por el Ministerio Público se encuentran:
Servicios Médicos del Este, DELESTE SRL, Nutri Med Cas Nutrición & Medicina SRL, KHERSUM SRL, FARMACARD SRL, LUFARCA SRL, Escudea Centro de Vacunación Infantil SRL, Super Kiddos SRL, Inmunizaciones San Cristóbal, Vacu Este Centro de Vacunación, VACUMED SRL, Grupo Siulrod SRL, Flavorheart Food Parts SRL, entre otros.
El Ministerio Público sostiene que Santiago Hazim había diseñado un plan de beneficios económicos antes de ser designado director de SENASA. Como evidencia, cita la compra, el 29 de junio de 2020, del vehículo Lincoln Navigator Premiere 4DW, 2020, chasis 5LMJJ2NToLEL01691, adquirido por medio del empresario José Pablo Ortiz Giráldez, utilizando la cuenta bancaria de la esposa de este como intermediaria para ocultar el origen real de los fondos.
El Ministerio Público afirma que Ortiz Giráldez se convirtió en mano derecha del imputado para manejar parte del dinero proveniente de sobornos pagados por las empresas KHERSUM SRL, FARMACARD SRL, DELESTE SRL y NUTRIMED SRL, todas contratistas de SENASA.
En la declaración jurada de patrimonio presentada por Hazim el 22 de septiembre de 2025, el vehículo fue declarado con un valor de RD$6,724,575.00, señalando como fecha de adquisición el 29 de junio de 2020, antes de su designación oficial. El formulario “Conozca su Cliente” de esa misma fecha muestra como cuenta vinculada la 803-978105, perteneciente a la esposa de Ortiz Giráldez, confirmando, según los fiscales, el mecanismo utilizado para financiar la compra con fondos ilícitos.