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Un agente de la Policía Nacional de Ecuador en servicio activo figura entre las cuatro personas procesadas por su presunta participación en una red dedicada al tráfico ilícito de migrantes, informó este lunes la Fiscalía General del Estado.
Durante la audiencia de formulación de cargos, un juez de Garantías Penales ordenó prisión preventiva para Milton Andrés S. N. y Segundo Vicente G. H., mientras que Dayana Lisseth S. P. y el policía Jonathan Fernando R. T. recibieron medidas alternativas, entre ellas la prohibición de salida del país y la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades.
La Fiscalía tendrá un plazo de 90 días para desarrollar la instrucción del caso.
La investigación inició en septiembre de 2025 luego de una denuncia presentada por una víctima, en coordinación con el Servicio de Seguridad Diplomática de la Embajada de Estados Unidos y la Unidad Nacional Contra el Delito de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes (Unat).
De acuerdo con las autoridades, la organización investigada presuntamente ofrecía trasladar personas hacia Estados Unidos de manera irregular a cambio de elevadas sumas de dinero.
La Fiscalía señala que los procesados habrían coordinado rutas migratorias desde Ecuador hacia Estados Unidos a través de Colombia, El Salvador y México.
Según la investigación, las víctimas realizaban pagos parciales antes de iniciar el viaje y completaban el dinero durante el trayecto. En uno de los casos analizados, una persona habría entregado alrededor de 31,000 dólares por el traslado de tres familiares.
Las autoridades indicaron que, tras ingresar de manera irregular a territorio estadounidense, algunas de las personas fueron detenidas por autoridades migratorias y posteriormente deportadas a Ecuador.
Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó informes investigativos, registros migratorios, documentos financieros y bancarios, además de testimonios de víctimas y testigos.
También fueron incorporados resultados de diligencias autorizadas judicialmente, como seguimientos, vigilancias e interceptación de comunicaciones, elementos que, según la Fiscalía, permitieron identificar la posible participación de los procesados en una estructura dedicada a facilitar la migración irregular con fines económicos.