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El Ministerio Público, a través de su Dirección General de Persecución, sometió a la justicia a Enercido Amaurys Heredia González y solicitó prisión preventiva como medida de coerción, tras ser acusado de estafar a varias personas haciéndose pasar por abogado y fiscal en ejercicio.
El imputado fue arrestado en flagrante delito dentro de las propias instalaciones del Ministerio Público, mientras ejecutaba su esquema fraudulento, en un caso que ha generado alarma por el nivel de suplantación utilizado para engañar a sus víctimas.
Según las investigaciones, al menos cuatro personas han sido identificadas como afectadas, con pérdidas económicas que ascienden a decenas de miles de pesos, además de un intento de extorsión por RD$150,000.
De acuerdo con el expediente presentado ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Heredia González habría operado durante al menos dos años un sistema basado en la suplantación de identidad, el chantaje y la estafa.
El imputado se hacía pasar por abogado, pese a no contar con título profesional, y también como fiscal del Ministerio Público, utilizando incluso un número de WhatsApp con el logo oficial de la institución para enviar citaciones falsas, en un esquema de engaño estructurado.
Las víctimas eran involucradas en supuestos casos graves, como homicidios, con el objetivo de presionarlas a pagar honorarios por servicios legales inexistentes o evitar un supuesto arresto.
Las autoridades establecieron que el acusado se presentaba ante personas cercanas afirmando que ya era abogado, ofreciéndose para gestionar asuntos legales a cambio de pagos en pesos y dólares.
En uno de los casos documentados, incluso se ofreció como defensor ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, negociando honorarios que redujo de RD$300,000 a RD$40,000, solicitando un adelanto de RD$10,000.
Durante un registro, se le ocupó un carné que lo identifica como estudiante activo de Derecho en una universidad, confirmando que no posee la acreditación legal para ejercer.
El arresto se produjo el 29 de abril de 2026, cuando el imputado acudió junto a una de sus víctimas a la sede del Ministerio Público, donde insistía en cobrar dinero y utilizaba información personal como mecanismo de presión.
Al verificar la identidad del supuesto fiscal, el personal confirmó que no existía, lo que permitió al procurador fiscal Miguel J. Collado García proceder con su detención inmediata.
El caso ha sido calificado como violación a los artículos 405 y 258 del Código Penal Dominicano, relacionados con estafa y usurpación de funciones públicas, así como a la Ley 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología.
El Ministerio Público sustentó la solicitud de medida de coerción con múltiples pruebas documentales y materiales, reafirmando su compromiso de perseguir este tipo de delitos que afectan la confianza en las instituciones.
Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a verificar siempre la autenticidad de los profesionales antes de realizar pagos o gestiones legales, a fin de evitar ser víctimas de este tipo de fraudes.