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El clima de tensión en la Procuraduría General de la República aumentó este domingo tras el arresto de Gustavo Messina, quien fue gerente financiero del Seguro Nacional de Salud (Senasa) entre 2020 y septiembre de 2024. Su detención se suma a la del exdirector de la institución, Santiago Hazím, en el marco de la investigación por presunto desfalco y corrupción en la entidad.
La defensa de Messina cuestionó con firmeza el procedimiento. Su abogado, Claudio Stephen, aseguró que el exfuncionario se había puesto a disposición del Ministerio Público desde que se conoció la pesquisa, enviando comunicaciones formales y mostrando disposición a ser interrogado. Sin embargo, sostuvo que el arresto se produjo sin que existiera una citación previa.
Stephen calificó la actuación como un acto de “discriminación procesal”, al señalar que otras personas vinculadas al caso han sido citadas sin ser detenidas. “A algunos los llaman; a él lo fueron a buscar a su casa sin haberlo interrogado nunca”, criticó, tras afirmar que la medida afecta innecesariamente la imagen de la PGR.
El abogado recordó que el Ministerio Público debe actuar como un órgano de justicia y no únicamente como ente persecutor, y reiteró que su cliente ha mostrado plena disposición de colaborar con las autoridades.
El Ministerio Público deberá presentar la solicitud de medida de coerción contra Messina en un plazo de 48 horas, al igual que con los demás arrestados en el expediente.