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El Ministerio Público reveló que parte central del entramado de corrupción en SeNaSa consistió en el pago de incrementos fraudulentos en la facturación médica, inflando servicios y procedimientos para justificar desvíos millonarios de fondos públicos.
La acusación detalla que el esquema incluía sobredimensionar tratamientos de pacientes oncológicos —aumentando sesiones de radioterapia y quimioterapia—, colocar stents cardiovasculares innecesarios, realizar cirugías por lesiones inexistentes y facturar hemodiálisis incluso a personas fallecidas.
Este patrón, descrito como uno de los métodos más graves del fraude, formaba parte de una red que también adulteró procedimientos diagnósticos, como endoscopías y colonoscopías realizadas a pacientes sin riesgo ni síntomas, todo con el objetivo de elevar la facturación del seguro estatal y beneficiar económicamente a los involucrados.
La acusación señala que los implicados no solo desviaron fondos mediante servicios inflados, sino que también adquirieron bienes a nombre de testaferros para ocultar el origen ilícito del dinero. Además, manipularon a empleados de rangos inferiores para garantizar su participación o silencio, prometiéndoles beneficios laborales y económicos a cambio de obediencia.
Según el Ministerio Público, la red criminal también obstruyó de manera activa la investigación, retrasando entregas de información y ocultando documentos clave.
La investigación se inició tras múltiples alertas emitidas por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) y el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), que detectaron anomalías en diversas áreas del seguro estatal. Entre los hallazgos se encontraron incrementos injustificados en servicios, adulteraciones contables, pagos irregulares y distorsión de controles internos.
Los informes remitidos a la Procuraduría evidenciaron un entramado delictivo estructurado que operaba con mecanismos sofisticados para dar apariencia de legalidad a operaciones ilícitas. Estas maniobras no solo beneficiaron a los imputados y empresarios privados vinculados, sino que provocaron un daño significativo al patrimonio público y comprometieron la sostenibilidad de los fondos destinados a la salud de la población vulnerable.
La acusación establece que estas prácticas iniciaron formalmente en agosto de 2020, tras la designación por decreto de Santiago Marcelo Hazim Albainy como director ejecutivo de SeNaSa. Desde su llegada, señala el Ministerio Público, conformó un círculo de colaboradores que instauró una estructura criminal funcional dentro del seguro, caracterizada por el pago de sobornos, falsificación de estados financieros, manipulación del bordereau, creación de programas ficticios, privatización irregular de servicios y coalición de funcionarios.
El ente persecutor concluye que el esquema instaurado en SeNaSa quebrantó principios esenciales de legalidad y transparencia, afectó la confianza pública en el sistema de seguridad social y desvió fondos destinados a garantizar la salud de los afiliados más vulnerables.