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Los jueces del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aplazaron para cuatro de febrero próximo a las nueve de la mañana el nuevo juicio de fondo en contra del empresario canadiense Antonio Carbone, acusado supuestamente de intento de asesinato contra su exempleado Fernando Arturo Báez Guerrero.
En dicha audiencia, los magistrados darán su decisión con relación a los incidentes presentados en la jornada de este jueves.
Previo al aplazamiento, los jueces presididos por la magistrada Claribel Nivar Arias rechazaron una solicitud de Fernando Arturo Báez Guerrero de que los medios de comunicación fueran sacados de la sala de audiencia.
Los magistrados argumentaron que el proceso está en una etapa que no es secreta y que los comunicadores podían estar presentes.
En la audiencia que inició a las nueve de la mañana y concluyó pasadas las seis de la tarde, el inversionista extranjero estuvo representado por los abogados Roberto Rosario Márquez, Otoniel Bonilla y Luis Jiménez Burgos.
Rosario Márquez dijo que el aplazamiento se debió a la extensa jornada agotada este jueves.
Precisó que cuenta con los elementos suficientes para demostrar la inocencia del empresario canadiense, quien al momento de ocurrir los hechos que se le imputan se encontraba en Toronto, Canadá.
Enfatizó que al extranjero se le violaron todos sus derechos y que por esa razón y por no tener responsabilidad en los hechos que atribuyen, el Tribunal Constitucional (TC) anuló la sentencia de 20 años que pesaba en su contra por ese mismo proceso.
Dijo que en este proceso está en juego demostrar si en República Dominicana existe seguridad jurídica para las personas que desean hacer inversión en el país.
“Lo que está en discusión es si en nuestro país prima un estado de derechos donde cada cual tenga la oportunidad, sea nacional o extranjero, de disponer de recursos para invertirlos en áreas que permitan el desarrollo del país”, afirmó el jurista.
El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional está integrado por los jueces Claribel Nivar , quien lo preside, y las magistradas Clara Sobeida Catillo y Yisel Soto Peña.
En tanto que el Ministerio Público, resultó representado por la procuradora fiscal Yudelky Utato.
Mientras que la barra de la defensa de Fernando Arturo Báez Guerrero está integrada por los juristas Rafael Suárez, Cesar García y Edwin Acosta.
El empresario canadiense ha librado una dura batalla en los tribunales para demostrar que resultó víctima de una estafa. En la misma lo despojaron de inversiones valoradas en más de 580 millones de dólares, entre las que figuran las empresas Dream Corporation Inc. SRL, Dream Sport, Dream Loto SRL, la lotería nacional El Gordo Iberoamericano, 13 casinos, 198 bancas deportivas y 1,500 bancas de lotería.