El pasado martes 11 del presente mes, aproximadamente a la 1:20 de la tarde, se registró un apagón general en la República Dominicana, un “blackout” que afectó múltiples servicios, entre ellos el Metro de Santo Domingo y el Teleférico.
Ante la magnitud de la situación, el Gobierno anunció una investigación para explicar al país las causas del problema. A continuación, la cronología de los hechos.
Celso Marranzini, presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), informó de manera preliminar en el Programa A Diario, por la emisora Sentido 89.3 FM, que la falla se originó por un "error humano".
Más adelante explicó que no fue en las distribuidoras, sino en la subestación de San Pedro de Macorís, y que las plantas de la Compañía de Electricidad de San Pedro de Macorís (CESPM) salieron de servicio, lo que a su vez afectó a la planta de Andrés, y esta a Punta Catalina, generando una salida en cascada del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado.
La Empresa de Transmisión de Electricidad (ETED) explicó que la salida de las unidades de CESPM y de la Central Eléctrica Quisqueya, en San Pedro de Macorís, provocó un disparo en cascada que afectó a plantas de transmisión y generación a nivel nacional.
Ese mismo día, la entidad emitió un comunicado confirmando un “apagón”, pérdida total del servicio eléctrico, y señaló que trabajaba para restablecerlo en el menor tiempo posible.
El restablecimiento inició de forma gradual:
8:00 p. m. del 11 de noviembre: el servicio se había recuperado en 42.5%.
2:20 a. m. del día siguiente: el sistema alcanzó el 96 % de la demanda nacional.
El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, informó que a esa hora el país contaba con 2,875 megavatios de generación, suficientes para cubrir el 96 % de la demanda, con todas las plantas operando con normalidad y el sistema de transmisión al 100 %.
El ministro detalló que el proceso de reconexión debe hacerse de forma técnica y ordenada para garantizar la estabilidad del sistema. “No es posible encender todas las plantas al mismo tiempo; debe seguirse una secuencia precisa que asegure la estabilidad y evite un nuevo apagón. Aun así, logramos restablecer la generación total a las 2:20 de la madrugada”.
El mandatario calificó los dos cambios de directores que hizo en la ETED y la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) como "apropiados y debidos".
El gobernante depuso al director de la Opret, Rafael Santos Pérez, a través del decreto 652-25, emitido el domingo 16 de noviembre de 2025, casi una semana después del blackout que afectó a la nación y provocó caos en el transporte y otras actividades del país.
Santos fue sustituido por Jhael Isa Tavárez, quien se desempeñaba como director del Fideicomiso para el Desarrollo del Sistema de Transporte Masivo (Fitram), cargo en el cual seguirá de forma honorífica.
El otro servidor público relevado fue Martín Robles, director de la ETED, y se dio a conocer en el decreto 653-25, el cual en su artículo 1 nombra a Antonio Alfonso Rodríguez Tejada como administrador general de esa entidad eléctrica.
Las zonas más afectadas por el apagón incluyen el Gran Santo Domingo, Santiago, San Pedro de Macorís y La Romana, debido a que el problema se originó en la subestación de San Pedro de Macorís y provocó una falla en cascada que afectó la red de transmisión nacional. Otras áreas afectadas fueron San Cristóbal y el resto del Cibao.
En Santo Domingo, el apagón del mediodía interrumpió la Línea 2 del Metro, dejando a cientos de pasajeros sin transporte y obligándolos a buscar medios alternativos.
El presidente de ADOMIPYME, Andry José Ramírez, informó que el apagón nacional generó pérdidas estimadas entre 200 y 300 millones de pesos, afectando principalmente:
Muchos de estos establecimientos no cuentan con plantas eléctricas o sistemas de respaldo por más de 12 horas, lo que obligó a cerrar temprano. También hubo pérdidas de productos perecederos como carnes, embutidos y lácteos.
En diversas zonas del país, pequeños empresarios denunciaron daños económicos por la interrupción del servicio, que también redujo ventas en las horas de mayor consumo.
El apagón dejó sin energía a todo el país por varias horas, sorprendiendo a miles de personas en plena jornada laboral y provocando un colapso en la movilidad urbana.
Hospitales, clínicas y comercios debieron operar con plantas eléctricas o cerrar parcialmente.
En centros médicos, los servicios de emergencia y quirófanos quedaron limitados al funcionamiento de los generadores.
Muchos establecimientos comerciales redujeron su horario o suspendieron operaciones.
El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, sostuvo una reunión con la Comisión Permanente de Asuntos Energéticos del Senado, para analizar la reintroducción del proyecto de Ley de Armonización del Sector Eléctrico, propuesto por el senador Alexis Victoria Yeb, cuyo objetivo es modificar la Ley General de Electricidad 125-01 y adecuarla a las nuevas realidades tecnológicas y productivas.
Santos informó que el Comité de Fallas del Organismo Coordinador analizó la secuencia de hechos con el fin de profundizar la investigación técnica, determinar las causas exactas del evento y mejorar los protocolos de prevención.
“Esperaremos los resultados de la investigación técnica, que será rigurosa y objetiva. Lo importante es aprender de este evento y reforzar las medidas para evitar que algo similar vuelva a ocurrir”, afirmó el ministro.
El informe final debía entregarse el pasado viernes 14 del presente mes, pero fue pospuesto para este viernes 21. El ministro Joel Santos informó que la entrega se aplazó, debido al minucioso análisis técnico aún en curso.
Durante una reunión con el Gabinete Eléctrico, Santos explicó que la investigación incluye la revisión de aproximadamente 700 mil registros técnicos, lo que ha requerido más tiempo de lo previsto.
“Queremos ser enfáticos en decir que la robustez de la información será fundamental en este proceso”, señaló.
El apagón nacional dejó en evidencia la fragilidad del sistema eléctrico nacional, la falta de sistemas de respaldo y de infraestructura adecuada, y la vulnerabilidad de servicios esenciales como el transporte público y hospitales.
También puso de manifiesto la crítica necesidad de mejorar los sistemas de control interno, como el de la OPRET, y la relevancia de abordar fallas técnicas y de mantenimiento para evitar colapsos totales.