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El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, afirmó este jueves en El Sol de la Mañana que la reforma policial presentada por el Gobierno es un cambio estructural necesario y técnicamente diseñado para corregir malas prácticas históricas dentro de la institución, especialmente en el manejo administrativo y financiero.
Peralta destacó como uno de los avances más relevantes la creación de una subdirección financiera, que podría ser dirigida por un civil nombrado por el presidente, con el fin de impedir la discrecionalidad que tradicionalmente han tenido los jefes policiales sobre fondos y operaciones.
El funcionario explicó que la propuesta fue elaborada por una comisión coordinada por Servio Tulio Castaños y conformada por juristas y académicos, sin presencia de mandos policiales en la fase de diseño, aunque sí con consultas posteriores a altos oficiales. Señaló que, según las conversaciones que ha sostenido, los mandos superiores de la Policía “están de acuerdo” con la reforma.
En este proceso, Peralta también respondió a fuertes cuestionamientos sobre la Cámara de Cuentas, específicamente a las denuncias relativas a la presidenta del organismo, Emma Polanco, sobre la falta de auditorías a su gestión como rectora de la UASD. Indicó que desconocía ese señalamiento en detalle, pero aclaró que la autonomía universitaria no impide que el órgano auditor del Estado fiscalice fondos públicos. “Nadie está por encima de la Constitución ni de la ley”, dijo, al insistir en que las auditorías deben realizarse cuando existan dudas, sin que ello implique prejuzgar.
Consultado sobre si recomendó al presidente intervenir instituciones de manera aleatoria tras el caso SeNaSa, Peralta aclaró que esa tarea recae en los organismos de inteligencia del Estado, no en la Consultoría Jurídica. Explicó que la Contraloría General tiene facultades para intervenir entidades públicas y debe remitir hallazgos penales al Ministerio Público sin necesidad de autorización presidencial. “Lo que hay es que poner a funcionar esos mecanismos si no están funcionando”, afirmó.
Peralta también defendió la promulgación del nuevo Código Procesal Penal, luego de que juristas como Julio Cury y Manny Sierra cuestionaran la forma en que se aceleró el proceso legislativo. El consultor jurídico explicó que la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional la Ley 10-15 dio un plazo de 12 meses para aprobar una nueva norma, y que al llegar la fecha límite “ya no había espacio para iniciar un proyecto desde cero”.
Detalló que el código aprobado surge de una propuesta previa de los senadores Félix Bautista y Omar Fernández, a la que la Procuraduría y la Consultoría Jurídica hicieron ajustes técnicos. Advirtió que, de no haberse promulgado antes del vencimiento del plazo, el país habría enfrentado “una catástrofe institucional”, incluyendo la caída de procesos de corrupción, la pérdida de capacidad del Estado para querellarse y la eventual devolución de dinero recuperado en acuerdos.
Peralta reiteró que el Gobierno está impulsando reformas en áreas sensibles —policía, salud y justicia— y que cada crisis revelada ha permitido fortalecer mecanismos institucionales. Expresó que espera que con los cambios en discusión “las malas prácticas vayan perdiendo espacio” y que la transparencia se convierta en un estándar obligatorio, no en una excepción.