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El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, expresó este jueves en El Sol de la Mañana que se encuentra “consternado” frente a las revelaciones del Ministerio Público sobre el caso SeNaSa, aunque aclaró que no puede afirmar que las acusaciones contenidas en la solicitud de medida de coerción “respondan a la verdad”. Peralta recordó que la investigación apenas comienza y que corresponde a los jueces determinar la validez de las evidencias presentadas.
Aun así, reconoció el profundo impacto humano del esquema descrito por la Procuraduría.
"Yo, la verdad, en término personal me duele mucho todo esto por la relación y la confianza con el doctor Hazím y como ciudadano por lo mismo que ustedes están diciendo: “No es lo mismo sobreevaluar una carretera que sustraer la posibilidad de la salud de una gente”, afirmó, marcando distancia entre los delitos administrativos tradicionales y una conducta que, de comprobarse, afectó directamente a pacientes en situaciones críticas. "Yo igual que ustedes estoy consternado con esto"
Peralta relató que, tras conocerse el expediente, recibió la llamada de una antigua clienta que acudió a una clínica para realizarse una operación ambulatoria. Allí, según contó, le informaron que no tenía cobertura disponible porque, con su propio número de carnet, ya se había facturado una operación similar, consumiendo por completo los fondos asignados.
La frase que más lo impactó fue esta:
“Fui a hacerme una operación y me dijeron que no tenía cobertura porque ya habían facturado una igual con mi seguro. Tuve que esperar a que todo se aclarara para poder operarme.”
Peralta advirtió que este caso, ya grave, podía haber tenido consecuencias mortales si en vez de una intervención menor se hubiese tratado de un cáncer o de una emergencia médica que requería atención inmediata. “Imagínese que no fuera una operación ambulatoria… imagínese que fuera un tema de emergencia”, dijo, subrayando la magnitud del daño que habría causado la supuesta estafa en pacientes que dependen de la rapidez de la autorización médica.
“En términos personales, me duele mucho todo esto”, reiteró, tanto por su relación previa con el exdirector Santiago Hazim como por el impacto humano que, de confirmarse los hechos, “coloca en riesgo la vida y la integridad de personas que no podían esperar”.
Aclaró enfáticamente que no puede adelantar conclusiones jurídicas:
“No puedo decir que la acusación del Ministerio Público responde a la verdad. No lo sé. Es un tema que está en manos de la justicia.”
El consultor jurídico reconoció que el caso deja interrogantes sobre la efectividad de los controles internos del Estado: Contraloría, Cámara de Cuentas, compras y contrataciones. Dijo que es necesario revisar cómo una estructura de esa magnitud no fue detectada antes, aunque recordó que en otros gobiernos hubo casos que “tomaron dos periodos completos para descubrirse”.
Peralta destacó que, a diferencia de otros expedientes revelados años después, esta red salió a la luz “en el mismo gobierno en que ocurrió”, lo que demuestra —dijo— la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión preventiva.
Peralta insistió en que cualquier comentario debe hacerse con cautela, ya que aún no existe sentencia ni juicio. Reiteró que el Ministerio Público está en fase preliminar y que “solo las pruebas y los jueces podrán determinar lo que ocurrió”.
Afirmó que, si en algún momento se violaran procedimientos o plazos contra los imputados, él mismo lo denunciaría, porque “la ley es la ley, y nadie peca por decir lo que dice la ley”.
Indicó que en administraciones pasadas grandes fraudes se descubrieron años después, mientras que este caso se está desvelando dentro del mismo periodo gubernamental.
Peralta reveló que la Consultoría Jurídica trabaja en un decreto para reestructurar el consejo de SeNaSa, con el objetivo de reforzar los mecanismos de control tras el caso de presunta estafa que involucra a exfuncionarios del seguro estatal. Adelantó que se creará un consejo consultivo que deberá aprobar toda operación o erogación superior a un monto específico, con el fin de impedir que decisiones de alto impacto financiero dependan de pocas personas.
Según explicó, la intención es crear un sistema donde cualquier irregularidad requiera la participación —y por tanto la responsabilidad— de un órgano colegiado. “Es un control adicional que dificulta la discrecionalidad y fortalece la transparencia”, sostuvo.
Peralta reconoció la importancia de reforzar los sistemas de supervisión y dijo que se trabaja en esa dirección. Señaló que todos los gobiernos desean evitar este tipo de hechos, pero que cuando no reciben la información a tiempo, solo pueden actuar cuando la irregularidad sale a la luz.
Reiteró que corresponde a la Procuraduría presentar sus evidencias y al Poder Judicial evaluarlas, insistiendo en que no adelantaría juicios de fondo.