La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) expresó su preocupación por la aprobación en primera lectura del proyecto de modificación del Código Penal, al considerar que el proceso legislativo desaprovechó una oportunidad para establecer un marco más claro y equilibrado sobre la responsabilidad penal de las empresas en República Dominicana.
La organización empresarial afirmó que el país necesita un Código Penal moderno, adaptado a la realidad económica y social, pero advirtió que la urgencia de aprobar una nueva normativa no debe impedir que sean evaluadas las observaciones técnicas realizadas por distintos sectores productivos.
ANJE sostuvo que las disposiciones relacionadas con la responsabilidad penal de las personas jurídicas generan incertidumbre, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas, debido a que el texto aprobado no establece con suficiente claridad diferencias según la capacidad operativa de cada tipo de negocio.
La entidad señaló que una legislación penal adecuada requiere un proceso de análisis amplio, con participación de los sectores involucrados, y cuestionó que las consultas realizadas no incorporaran las recomendaciones presentadas por el sector empresarial.
ANJE indicó que el nuevo Código Penal debe establecer un régimen de responsabilidad empresarial más preciso, basado en principios como legalidad, culpabilidad, proporcionalidad y seguridad jurídica.
La organización explicó que una empresa solo debería responder penalmente cuando se demuestre que la infracción fue cometida en su beneficio o representación, además de comprobarse un incumplimiento grave de sus mecanismos internos de organización y control.
Asimismo, planteó que los casos de imprudencia o negligencia empresarial deben generar consecuencias únicamente cuando estén expresamente establecidos en la legislación, evitando interpretaciones amplias que puedan afectar a compañías que cumplen con sus obligaciones.
La asociación también pidió que el marco legal reconozca de manera más clara los esfuerzos de cumplimiento corporativo, incluyendo programas de prevención, controles internos y mecanismos de certificación que permitan demostrar buenas prácticas empresariales.
ANJE consideró que la normativa debe permitir perseguir efectivamente las conductas ilícitas, pero al mismo tiempo promover la prevención y ofrecer condiciones previsibles para quienes buscan invertir, emprender y generar empleos.
La organización empresarial afirmó que el desarrollo económico requiere un entorno con instituciones sólidas y reglas claras, donde la aplicación de la ley proteja a la sociedad sin generar inseguridad para empresas que operan de manera responsable.
ANJE manifestó su disposición de continuar el diálogo con el Congreso Nacional en caso de que el Código Penal sea aprobado en la forma planteada por la Cámara de Diputados, con el objetivo de aportar propuestas que permitan corregir y aclarar las disposiciones sobre responsabilidad penal empresarial.
La entidad propuso la creación de una comisión permanente de técnicos y académicos durante el primer año de implementación del Código Penal, con la finalidad de evaluar su aplicación práctica y recomendar ajustes cuando sean necesarios.
Según ANJE, este mecanismo permitiría identificar posibles dificultades en la aplicación de la norma y construir soluciones junto a legisladores, especialistas y representantes del sector productivo.
La asociación reiteró que República Dominicana necesita una legislación penal efectiva, pero que también garantice seguridad jurídica, fomente la inversión y permita que las empresas responsables puedan continuar aportando al crecimiento económico del país.